WASHINGTON (AP) – Un panel de jueces cuestionaba el martes si tiene la autoridad para decidir a favor de Donald Trump y anular la decisión del presidente Joe Biden de otorgar documentos al Congreso relacionados con el asalto al Capitolio del 6 de enero encabezado por partidarios del expresidente.
Pero los jueces también señalaron que puede haber ocasiones en las que esté justificado que un expresidente trate de evitar que el actual mandatario publique registros.
La Corte Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia escuchó los argumentos de los abogados del expresidente Trump y del comité de la Cámara de Representantes que busca los registros como parte de su investigación sobre los disturbios en el Capitolio. Los abogados de Trump quieren que el tribunal revoque el fallo de un juez federal que permite a la Administración Nacional de Archivos y Registros entregar los materiales ahora que Biden renunció al privilegio ejecutivo.
Cientos de partidarios de Trump marcharon hacia el Capitolio el 6 de enero luego de un mitin cerca de la Casa Blanca donde el entonces presidente los desafió a ir y “luchar como endemoniados” para detener la certificación en el Congreso de la victoria electoral de Biden. Algunos irrumpieron en el Capitolio y se enfrentaron al personal de seguridad, y ahora decenas enfrentan cargos federales.
Dos aliados de Trump – el exasesor Steve Bannon y el exjefe de despacho de la Casa Blanca, Mark Meadows – se han resistido a los esfuerzos del panel de la Cámara de Representantes para obtener documentos e interrogarlos sobre posibles reuniones con Trump antes del asalto. El Departamento de Justicia ya acusó a Bannon por desacato al Congreso. Meadows, que busca evitar lo mismo, ahora está cooperando, dijo el martes el presidente del panel.
Los Archivos Nacionales han dicho que los documentos en cuestión incluyen diarios presidenciales, registros de visitantes, borradores de discursos, notas escritas a mano “sobre los eventos del 6 de enero” de los archivos de Meadows, y “un borrador de la Orden Ejecutiva sobre el tema de la integridad electoral ”.
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