Por Frank Valenzuela
Magnicidio y “apertura tutelada” (30 de mayo 1961 – febrero 1962)
La noche del 30 de mayo de 1961, un Chrysler negro quedó acribillado en la carretera de San Cristóbal. Dentro yacía Rafael L. Trujillo, el tirano que durante treinta y un años había gobernado la República Dominicana con mano de hierro. Dos horas después, el embajador John Bartlow Martin enviaba su primer cable “Flash” a Washington: «Familia y testaferros aceptan abandonar el país si garantizamos la integridad de sus bienes» .
El plan —diseñado por un puñado de oficiales hartos del nepotismo y alentado discretamente por la CIA— preveía eliminar al dictador y sostener la arquitectura económica que beneficiaba a los ingenios azucareros vinculados a Wall Street. El Santo Domingo 145 aconsejaba “una apertura tutelada que evite otro caso Cuba” .
En las horas posteriores, la capital vivió un ballet de uniformes: generales trujillistas prometían lealtad al heredero Ramfis, mientras coroneles jóvenes exigían «paz con democracia». La familia se replegó a la Base Aérea de San Isidro con sus archivos de cuentas en Suiza; Washington, temiendo un baño de sangre, facilitó aviones para sacar a los Trujillo hacia Madrid.
El Consejo de Estado, formado el 18 de enero de 1962 y presidido por Rafael Bonnelly, legalizó partidos y amnistió exiliados; sin embargo, mantuvo intacto el Concordato con la Santa Sede y la Ley 525 que prohibía sindicatos independientes. El “cambio” fue, en palabras del New York Times, «más bien un descosido que una ruptura».
Los cables CIA-RDP79T00429A000100020004-3 y INR/Snapshot 6-feb-62 coincidían: «Alto mando militar retiene la doctrina del enemigo interno enseñada en la Escuela de las Américas» . La propiedad terrateniente –140 000 ha en manos de diez familias– permaneció intocable.
El Consejo cayó por su propio peso: sin aval popular ni ejército depurado, naufragó en luchas de facción. El 16 de diciembre de 1962 se convocaron elecciones, y la transición quedó en manos de un testigo incómodo: Joaquín Balaguer, el último presidente títere de la dinastía trujillista.2. Llegada de Joaquín Balaguer bajo tutela norteamericana
Llegada de Joaquín Balaguer bajo tutela norteamericana
Balaguer, llamado por muchos en esa época como un humanista confeso y discípulo del tirano, asumió la presidencia provisional por decisión de la embajada. Cable Santo Domingo 102 (5-jun-61) recoge su promesa: «Continuidad ordenada, sin aventuras de izquierda» . Thomas Mann, en memorando al Departamento de Estado, describió al dirigente como “maleable, predecible y visceralmente anticomunista”.
Durante su breve mandato, Balaguer garantizó que los contratos de azúcar con Estados Unidos no se revisarían. El Banco Central emitió deuda externa por cinco millones de dólares para pagar a la Guardia y evitar un motín, mientras clausuraba el periódico opositor La Hora. El nuncio Emanuele Clarizio asistía a sus consejos de ministros, cual vigía del Vaticano.
Washington se mantuvo satisfecho. Un informe de la AID fechado en noviembre de 1961 calificó el clima de inversión como “excelente” gracias a «la firme posición del presidente Balaguer frente a los sindicatos revanchistas». La sociedad civil, embrionaria aún, veía en él la sombra del tirano.
Pero el país hervía: universitarios pedían “transparencia” y exiliados retornados exigían la legalización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Balaguer autorizó la sigla, previendo que la dispersión de la izquierda impediría un triunfo electoral.
El 27 de febrero de 1962, al cumplirse 118 años de la independencia, el mandatario convocó elecciones para diciembre. En público hablaba de democracia; en privado pedía a la CIA “vigilancia estrecha” sobre Juan Bosch, recién llegado de Cuba.
Cable Airgram DR-54 (26-sep-63) confirmaría luego que Balaguer estaba dispuesto a pactar con los golpistas de 1963 “si se garantizaba control del Congreso y la Corte Suprema”. Su relación con Washington sería la antesala del fraude de 1966.
Elecciones de diciembre de 1962: el triunfo de Juan Bosch
El 20 de diciembre, bajo lluvia tropical, los dominicanos votaron por primera vez sin miedo a los servicios secretos del SIM. Juan Bosch arrasó con el 59 % de los votos frente a la Unión Cívica Nacional. La CIA, en PICL 23-12-62, informaba: «Bosch no es comunista; su amenaza radica en la reforma social que propone» .
La prensa internacional celebró la jornada. Le Monde tituló «La isla se sacude el polvo de la tiranía»; The Washington Post advirtió en editorial: “Bosch tendrá que elegir entre Kennedy y Castro”. La elección se leyó en clave de Guerra Fría.
En enero de 1963, el Departamento de Estado comenzó a recibir los llamados Papeles Mann (docs. 19-20 FRUS): informes que tachaban a Bosch de “demasiado autónomo frente a los intereses norteamericanos” . El magnate azucarero Newhouse telegraphó a su lobby en Washington: «Si la reforma agraria avanza, vendan antes de que sea tarde».
Bosch aterrizó en el Palacio Nacional el 27 de febrero con un gabinete plural: católicos progresistas, sociales demócratas y un ex comunista moderado. Su primer discurso al Congreso anunció la revisión de los contratos de exportación y la profesionalización militar.
El PRD duplicó el salario mínimo urbano y entregó 18 000 títulos de tierra en siete meses. Aquella redistribución hizo crujir a la oligarquía y a los generales acostumbrados a cobrar diezmos del comercio estatal.
En junio, Bosch lanzó una frase que costaría cara: «El Estado no será intermediario de negocios privados». Los cables FRUS recogen la reacción de Mann: “Advertirle, persuadirle o suplantarle”. El reloj del golpe comenzó a correr.
El Gobierno Bosch (27-febrero – 25-septiembre 1963)
Las primeras cien horas vieron decretos que abolían la censura, devolvían la autonomía universitaria y citaban a licitación pública la compra de alimentos escolares. Bosch pasaba de la retórica a los hechos; el arzobispo Octavio Beras reaccionó desde el púlpito: «La patria peligra si se legisla al margen de la moral cristiana».
El 29 de abril, en solemne sesión, se promulgó la Constitución de 1963: separación Iglesia-Estado, prohibición de la reelección y expropiación con pago diferido cuando la tierra estuviera ociosa. El INR-CIA 3-jul-63 sentenciaba: «Art. 62 golpea intereses de Gulf+Western» .
La jerarquía católica convocó un “ayuno por la patria” y el diario El Caribe habló de “ateísmo militante”. La banca privada cerró líneas de crédito; el cable Embassy 21 (25-ago-63) advertía que “la guerra psicológica lleva dos meses” .
Bosch contraatacó anunciando auditorías a la Caja Militar y jubilaciones forzosas para 47 coroneles. Elías Wessin y Wessin, comandante de la Fuerza Aérea, reunió a sus pilotos: «Bombardearemos la UASD si los marxistas toman la calle», registra su diario personal (Hallazgo UASD 2024).
En septiembre, la Asociación de Productores de Azúcar suspendió la zafra alegando “incertidumbre jurídica”. La CIA envió a Langley el cable DIR-68444: «Bosch gobierna con romanticismo peligroso; conviene un cambio antes de que consolide su base rural».
El 24 de septiembre, víspera de la fiesta de las Mercedes, los tanques CEFA salieron del cuartel 27 de Febrero.
La Carta proclamada el 29 de abril de 1963 convirtió por primera vez a la República Dominicana en «Estado social y democrático de derecho». El artículo 17 fijó jornada máxima de ocho horas y salario mínimo; el 22 subordinó la propiedad a la “función social”; el 55 separó Iglesia y Estado. El FRUS doc. 18 alertó: «Amenaza el patrón de concentración de la tierra» .
El INR-CIA memorandum 3-jul-63 remarcó el punto más sensible: el artículo 62, que permitía expropiar latifundios ociosos con pago diferido, afectaba los ingenios de Gulf + Western. La nota recomendaba “impulsar un frente eclesiástico-empresarial” para frenarlo .
La jerarquía católica respondió con homilías dominicales: “Esta Constitución es atea”. El ayuno nacional de septiembre movilizó a parroquias que, hasta entonces, nunca habían entrado en política partidista. Desde Miami, The Herald escribió que el texto «pretende ser el 14 de Julio dominicano».
En el Congreso estadounidense, el congresista Mendel Rivers calificó la Carta de “caballo de Troya marxista” (Congressional Record, 28-abr-65, p. 9251). La acusación fue amplificada por The Wall Street Journal, que advirtió a inversores azucareros sobre «deriva confiscatoria».
Un estudio reservado del Pentágono —capítulo I de la monografía Power Pack— reconocía, en contraste, que el texto “respondía a demandas históricas de justicia” pero que su derrocamiento “podría radicalizar al campesinado”. La profecía se cumpliría en Las Manaclas.
El Informe Mann (doc. 22, FRUS) ofreció la hoja de ruta seguida por los golpistas: «Suprimir los artículos sociales vía reforma controlada o, de fracasar, apoyar un reemplazo constitucional». De ahí la celeridad con que el cerco conservador y conspiración cívico-militar
Triunvirato derogó la Carta el 27-sep-63, apenas veinticuatro horas después del golpe.
La reacción comenzó con sotanas y terminó en pistolas. El 15 de agosto de 1963 el arzobispo Octavio Beras Rojas calificó la Carta Magna boschista de “injuria a los derechos de Dios”. Dos días más tarde, la Asociación de Banqueros suspendía los anticipos a la Tesorería; el cable Embassy 21 hablaba sin rodeos de una “guerra psicológica diseñada para dejar al gobierno sin sueldos antes de septiembre” .
Detrás de la sotana se movía el dinero: el industrial azucarero Bienvenido Bergés donó 40 000 dólares a la “Marcha de la Fe”, que el 22 de septiembre reunió 30 000 personas ante el Congreso. El cable DIR-68444 presume de ello: «La amplia asistencia demuestra la disposición popular a resistir el social-populismo» .
Mientras, el coronel Elías Wessin y Wessin llamaba a oficiales fieles al CEFA. Su Diario de Campo (Hallazgo UASD 2024) anota: «Si los estudiantes salen, la universidad será blanco legítimo». La doctrina de “enemigo interno” se actualizaba contra académicos y sindicatos.
El CEFA encontró apoyo en la Cámara Americana de Comercio, que veía inaceptable el artículo 62 sobre expropiaciones. Una minuta del Business Committee (18-sep-63) afirma: «Urge acción correctiva antes de que el Congreso apruebe el presupuesto 64».
En Washington, Thomas Mann concluía en el FRUS doc. 22: «Si no frenamos la deriva social-demócrata, el Caribe recibirá un estímulo contagioso». La Casa Blanca no objetó; se activó la operación encubierta apodada Project Furrow con US $620 000 para propaganda, sobornos y logística lealista.
La chispa final fue la orden de Bosch de auditar el Fuero Militar: 47 coroneles serían retirados sin jubilación dorada. El 24 de septiembre, en la base San Isidro, Wessin recibió la “luz verde” telefónica del general Rivera Caminero: «Mañana a las dos». El golpe ya estaba marcado en la agenda hemisférica.
Golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963
Las tanquetas AMX-13 rodearon el Palacio a la 1:30 a. m.; el teléfono de Bosch quedó mudo. El cable Santo Domingo 822 relata que el presidente pidió hablar con la prensa; se lo negaron «para proteger su integridad» . Sin un disparo, terminaba la primavera democrática más breve del Caribe.
La aviación, llave del poder, permaneció en manos de Wessin. A las 3:00 a. m. despegaron dos P-51 que sobrevolaron la capital en señal de advertencia. El servicio de prensa de la Casa Blanca emitió un ambiguo comunicado “confiando en la madurez de las instituciones dominicanas”.
Emilio de los Santos —jurista conservador— presidió un Consejo de Estado fantasma: duró cuarenta y ocho horas y cedió el testigo al Triunvirato Donald Reid Cabral-Ramón Tapia Espinal-Manuel Tavares E.. Su primer decreto derogó la Constitución social. The New York Times tituló: «Democracia suspendida “hasta nuevo aviso”».
El Project Furrow justificó sus fondos: un giro de 50 000 dólares a la emisora HIN-Rumbo bastó para saturar la radio con el eslogan “Salvados del comunismo”. El Comité de Inteligencia del Senado conocería esas cifras recién en 1975.
Bosch, aislado, fue llevado a la base de San Isidro y de allí —según cable 820— a un C-47 rumbo a Curazao. “Por su seguridad”, reza la nota. El golpe había sido quirúrgico; la fractura social, incalculable.
En los cuarteles se descorchó ron. En los barrios, estudiantes gritaban “¡Traidores!”, presagio de la insurrección que estallaría diecinueve meses después.
Exilio forzoso de Juan Bosch
El avión militar aterrizó primero en Guadalupe. DIR 68812 informa: «Objetivo retenido para evitar declaraciones a Radio Caribe» . De allí, un DC-6 de la Pan Am lo llevó a San Juan. El Embassy Flash 147 detalla la intervención personal de Luis Muñoz Marín: «A petición directa de Washington ofreceremos asilo humanitario temporal» .
Bosch exigía ser juzgado en su tierra; el Departamento de Estado le negó visa para hablar en Naciones Unidas. Memorando Mann 29-sep-63 (doc. 24 FRUS): «Mantenerlo en Puerto Rico otorga control del libreto y evita viaje a La Habana». Se le asignó escolta del FBI las veinticuatro horas.
El Triunvirato tipificó como delito reproducir sus discursos; Santo Domingo 835 celebraba que «la voz de Bosch ha desaparecido del dial» . El líder social-demócrata quedaba reducido a exiliado silente.
En Puerto Rico, el depuesto presidente escribía Crisis de la democracia de América Latina, ensayo que diagnosticaba: «La oligarquía local necesita del poder armado de una gran potencia para sobrevivir a los votos». Circuló en mimeógrafo.
Mientras, el PRD se fragmentaba: unos pedían volver a la legalidad, otros llamaban a las armas. El exilio de Bosch no apagó la mecha; la trasladó al Caribe insular.
El expediente quedó sellado Confidential/DR durante cincuenta años. Solo en 2014 el público supo de la cláusula que prohibía a Bosch declarar a medios estadounidenses
El Triunvirato de Donald Reid Cabral (1963-1965)
La madrugada del 25 de septiembre de 1963, mientras los tanques del CEFA sellaban el derrocamiento del gobierno constitucional de Juan Bosch, una figura discreta, de perfil tecnocrático y acento diplomático, comenzaba a emerger como rostro civil del golpe de Estado. Su nombre era Donald Reid Cabral, abogado, empresario y diplomático de carrera, nieto de los próceres Buenaventura Báez y José María Cabral, herencia que encarnaba la vieja casta republicana. Educado en las mejores aulas de derecho y conocido por su trato afable, Reid había servido como embajador ante las Naciones Unidas y ante el Consejo de Estado que siguió a la muerte de Trujillo, siempre cercano a las élites comerciales y azucareras, pero sin liderazgo de masas ni legitimidad popular.
A diferencia de los militares que orquestaron el golpe desde los cuarteles, Reid Cabral fue el hombre elegido para dar un barniz de institucionalidad a la asonada, una suerte de presidente sin pueblo, sostenido por las bayonetas y la bendición diplomática de Washington. Su ascenso al frente del Triunvirato —junto a Ramón Tapia Espinal y Manuel Tavares Espaillat— respondía a una lógica simple: era la pieza dócil que garantizaba el cierre de las reformas sociales impulsadas por Bosch y la devolución del poder a la vieja oligarquía. Desde su primer día al frente del gobierno de facto, Reid confirmó su rol: clausuró el Congreso, derogó la Constitución de 1963 y promulgó la Ley 7-63, que prohibía las huelgas y criminalizaba la protesta sindical.
Pero detrás de su tono pausado y su traje de estadista clásico, Reid operaba como el ejecutor civil de una dictadura militar disfrazada de gobierno provisional. En los informes desclasificados del Departamento de Estado —como el telegrama State 14789— la Casa Blanca elogiaba «la rapidez y responsabilidad con que se restablece el orden», mientras la CIA advertía, en sus reportes semanales, sobre los costos sociales de la represión que pronto encendería las brasas de la insurrección constitucionalista.
Donald Reid Cabral fue, en la historia dominicana, el rostro pulido de la contrarrevolución, el administrador de una restauración conservadora que, mientras prometía elecciones “cuando el país sane”, multiplicaba las listas negras, las deportaciones de opositores, el cierre de sindicatos y periódicos, y la represión sangrienta contra estudiantes y campesinos. Su promesa de orden no trajo estabilidad, sino el germen de la revuelta popular que, menos de dos años después, lo arrastraría al colapso junto con el aparato que representaba.
Primeras resistencias armadas: Manolo Tavárez Justo y Las Manaclas
Al pie de la Cordillera Central, en la comunidad de Las Manaclas, 49 hombres y cuatro mujeres se declararon en rebeldía el 28 de noviembre de 1963. Manolo Tavárez Justo, abogado y católico, escribía: «La Constitución violada exige sangre redentora». Su carta circular –reproducida por L’Unità en Roma– se convirtió en manifiesto moral.
El Triunvirato respondió con 2 500 soldados, artillería y bombardeo de napalm. After-Action Report “Manaclas” cifra 117 civiles muertos; la prensa oficial habló de “cero víctimas inocentes”.
Rodeada, la columna se rindió el 21 de diciembre. Las actas del Consejo de Guerra (Archivo Supremo Militar, caja 223) prueban que Tavárez y trece seguidores fueron fusilados tras promesa escrita de juicio civil. El ejecutor: teniente coronel Ramiro Matos González. La impunidad quedó sellada.
La ejecución transformó a Manolo en mártir constitucional. El estudiante Juan Bosch Gaviño escribiría: «Morir con la Carta en la mano es nacer en la conciencia del pueblo». El mito fue gasolina cuando los coroneles de abril buscaron apoyo popular.
La CIA evaluó el costo reputacional. Memorando OCI 4-ene-64 admite: «La acción militar fue excesiva; la simpatía se vuelca hacia los rebeldes, no hacia el gobierno».
La montaña había parido un símbolo; el valle aguardaba el estallido.. Complot de los coroneles y Plan Cero
Complot develado
En 1964, el coronel Rafael T. Fernández Domínguez —graduado con honores en Fort Benning— redactó el Plan Cero: pronunciamiento que exigía restituir la Constitución del 63 y depurar a «los resabios del trujillato». El documento circuló en copias mimeografiadas por la UASD y los cuarteles de la 1.ª Brigada.
La CIA, en memorando 14-abr-65 (doc. 20 FRUS), desestimó la amenaza: «Oficiales románticos, poco armamento, sin apoyo logístico» . Error de cálculo. Fernández tejía una red de tenientes que conectaba con el barrio San Antón y la Federación de Motoconchistas.
El 17 de abril, rumor de destituciones precipitó el alzamiento: se fijó para el sábado 24, atando la revuelta a un relevo de guardia. Peña Gómez preparó grabaciones por si la radio caía.
El general Wessin olfateó conspiración; ordenó alerta aérea, pero no arrestó a nadie. Su confianza en el poder de los Mustang P-51 fue suicida.
El día 23, Fernández pronunció la arenga a sus capitanes: «Si traicionamos la Constitución, traicionamos la patria». Quedaban 24 horas para la chispa.
El analista Mann escribió al final de su nota: «Si se combinan barro y fusil, la isla entera será un polvorín».
24 de abril de 1965: el llamado de Peña Gómez y la insurrección
A esa hora, subtenientes leales al coronel Rafael T. Fernández Domínguez habían tomado el Campamento 16 de Agosto, izando la tricolor del 1844. Wessin respondió con un sobrevuelo intimidatorio de dos P-51; las sirenas marcaron el fin de la noche tranquila que Reid Cabral anunciaba en portada de El Caribe.
Miles de obreros salieron de los ingenios y se sumaron a estudiantes en la Puerta del Conde. El corresponsal de The New York Times telegrafió: «Revolución híbrida: mezcla de obreros descalzos y oficiales con uniforme recién planchado».
En menos de cuatro horas emergieron 130 comandos barriales. Cable CIA Power Pack 27-abr-65 admite: «La estructura celular confiere movilidad que nuestras fuerzas aliadas carecen». La misma fuente revela que 1 900 mujeres fungían de enfermeras y correos.
El general Wessin ordenó bombardear la Zona Colonial con cohetes FFAR: diecisiete civiles murieron. Lejos de amedrentar, la masacre multiplicó la furia popular. Le Monde tituló: «Aviones contra libros».
Al anochecer, 6 500 constitucionalistas controlaban el Palacio Nacional; el Triunvirato huía a la base aérea. Washington recibió el Flash Bennett 28-abr-65 02:34 p. m.: «Riesgo para 3 500 vidas norteamericanas». La intervención se puso en marcha.
formación de los Comandos de la Resistencia Constitucionalista
El alzamiento del 24 de abril de 1965, liderado por oficiales jóvenes del Ejército y la Marina, encontró de inmediato una respuesta espontánea entre los sectores populares de Santo Domingo. Apenas horas después del llamado de José Francisco Peña Gómez desde Radio Santo Domingo, comenzaron a formarse en los barrios humildes los primeros Comandos de la Resistencia Constitucionalista, agrupaciones cívico-militares que, sin plan previo, estructuraron células de combate, logística, mensajería y asistencia médica. Según el CIA Power Pack Sitrep 27-abr-65, estas unidades nacieron de la articulación entre estudiantes universitarios, sindicalistas, motoconchistas y sobrevivientes del Movimiento 14 de Junio, dispersos tras la caída de Manolo Tavárez Justo en Las Manaclas (1963). cite: CIA Power Pack Situation Report, 27 de abril de 1965.
El núcleo inicial de estos comandos estaba compuesto por veteranos del 14J y militantes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), quienes, al estallar la revuelta, activaron redes de solidaridad previamente tejidas durante las huelgas obreras y los paros cívicos de 1964. Según el informe DIR 84958 de la CIA (28-abr-65), «la estructura celular confiere a los rebeldes una movilidad que nuestras fuerzas aliadas carecen». Cada célula reunía entre diez y quince combatientes, con roles definidos: tiradores, correos, cocineras, enfermeras, encargados de barricadas y observadores. Esta táctica —copiada de las guerrillas cubanas y adaptada al entorno urbano— permitía gran flexibilidad y resistencia frente a los bombardeos aéreos y los ataques con tanquetas. cite: CIA DIR 84958, 28 de abril de 1965.
El Comando de la Puerta del Conde, considerado el primero en organizarse formalmente, fue dirigido por Federico Orsinis, obrero portuario, y Eliseo “Barahona” Andújar, estibador, ambos líderes sindicales que, según la nota de prensa del The New York Times (26-abr-65), habían mantenido contacto con jóvenes oficiales leales a Bosch semanas antes del estallido. Estos comandos tomaron el cuartel policial de la calle Las Mercedes y distribuyeron alrededor de 300 fusiles M-1, facilitados por los militares sublevados del Campamento 16 de Agosto. En su crónica del 27 de abril, el enviado especial de Le Monde, Pierre Darcourt, describía: «No es una guerrilla profesional, es un pueblo en armas que se organiza con método y disciplina».
Las mujeres jugaron un papel central en la estructura de los comandos, algo reconocido incluso por los propios informes militares estadounidenses. El CIA Power Pack Sitrep 27-abr-65 especifica que 1,900 mujeres actuaban como enfermeras, correos y agentes de enlace entre los distintos puntos de resistencia. Estas mujeres, organizadas en buena parte por la Unión de Mujeres Dominico-Haitianas, también atendían los centros de primeros auxilios instalados en iglesias, escuelas y centros comunales. La Cruz Roja Internacional, en su boletín del 2 de mayo de 1965, señaló que las unidades médicas barriales habían salvado decenas de vidas civiles, pese al bombardeo indiscriminado ordenado por Wessin.
El sistema de comunicación entre comandos se basó en una red de motoconchistas y ciclistas que cruzaban la ciudad bajo fuego cruzado para llevar mensajes, municiones y alimentos. Según la investigación del periodista Henry Giniger, publicada en el New York Times Magazine (mayo 1965), estos enlaces eran esenciales para mantener la coordinación entre los frentes de la Zona Colonial, el Puente Duarte, Guachupita y Villa Francisca. Los cables interceptados por la embajada estadounidense, citados en el Embassy Flash 916, reconocen la eficacia de estas redes al afirmar que «los comandos se mueven y coordinan por rutas que los tanques no pueden bloquear».
La represión ordenada por el Triunvirato, apoyada por los bombardeos de la aviación y las patrullas blindadas, no logró desarticular los comandos, que lejos de dispersarse, se multiplicaron. Según la nota del Miami Herald del 28 de abril, la estrategia de fuego aéreo contra barrios pobres «ha convertido a cada callejón en una trinchera». Los comandos improvisaron barricadas con autobuses incendiados, alambres de púas, escombros y muebles, mientras reforzaban las azoteas con sacos de arena y neumáticos llenos de piedras. Las fotografías de Life Magazine, en su edición de mayo de 1965, mostraban escenas de niños cargando piedras junto a combatientes armados, reflejando la dimensión popular y masiva de la resistencia.
Con el paso de los días, los comandos comenzaron a utilizar contraseñas y señales lumínicas durante las noches para evitar infiltraciones de las tropas leales y de los marines estadounidenses, que ya habían comenzado su despliegue en el Malecón y en la pista de San Isidro. El After-Action Report Power Pack del Pentágono, capítulo VI, reconoce que «la organización popular de los comandos fue la principal dificultad táctica para las fuerzas interventoras». Esta resistencia, articulada desde los márgenes sociales, convirtió una sublevación de cuarteles en una insurrección popular, capaz de paralizar a la maquinaria militar del Triunvirato y de forzar la mirada del mundo hacia el drama dominicano. Como escribió Pierre Darcourt en Le Monde, «ni los blindados, ni los aviones, ni la propaganda han podido apagar la furia del barrio».
Asalto al Palacio Nacional (19 mayo 1965)
Con el frente estabilizado, los rebeldes planearon un golpe de mano para romper el cerco. Fernández Domínguez reclutó a 120 voluntarios y dos docenas de Hombres Ranas. El Plan “B-15” preveía entrar por la avenida Doctor Delgado, inutilizar los nidos de ametralladora y capturar a Reid Cabral para negociar sin tutela extranjera.
A las 14 h 07 sonó la explosión de apertura; los comandos avanzaron detrás de un camión GMC blindado con planchas de acero. Desde la azotea del Hotel Embajador, marines del 3/6 batieron la columna con calibre .50. Parte S-2/504th calcula 3 000 disparos en doce minutos.
El general José Ramón Montes Arache, jefe de los “lealistas”, pidió apoyo de morteros 81 mm emplazados en la escuela Uruguay. El fuego de cobertura cerró toda posibilidad de repliegue. El comandante Juan Miguel Román cayó junto a Fernández; Ilio Capocci intentó izar una bandera blanca y recibió un disparo en la garganta.
El Diario de Operaciones del CEFA (folio 47, desclasificado 2024) reconoce: «El aporte norteamericano fue decisivo para impedir la captura del edificio»; la cifra de nueve muertos rebeldes sube a dieciséis en la Cruz Roja.
A las 15 h 01 los restos del comando se retiraban bajo humo de granadas fosfóricas. Peña Gómez habló de «Golgota de la Constitución»; Life publicó la foto de Fernández tendido en la acera, convirtiéndolo en mártir transnacional.
La derrota táctica reforzó la determinación rebelde: el mito del “coronel inmortal” soldó el frente civil-militar y añadió urgencia a la intervención de Washington, que redobló tropas.
El surgimiento de Francisco Alberto Caamaño, presidente en armas
El 28 de abril de 1965, mientras las calles de Santo Domingo ardían entre las barricadas de los comandos constitucionalistas y los bombardeos de la aviación lealista, comenzaba a perfilarse la figura que, en pocos días, se convertiría en el emblema de la resistencia armada por la Constitución de 1963. Francisco Alberto Caamaño Deñó, mayor de navío, hijo de un general trujillista, formado en navegación en Newport y graduado en liderazgo militar en Quantico (1963), emergía del corazón mismo de las Fuerzas Armadas como el inesperado rostro civil y militar del proyecto constitucionalista. En su ensayo final de Quantico, desclasificado recién en 1994, había defendido la idea de la “dignidad nacional como núcleo de la contrainsurgencia”, una ironía que el tiempo convirtió en profecía.
Tras la muerte del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, caído el 19 de mayo durante el fallido asalto al Palacio Nacional, Caamaño se consolidó como la figura de consenso dentro de la oficialidad insurrecta y entre los comandos populares. El propio embajador estadounidense, W. Tapley Bennett, en cable enviado a Dean Rusk (28-abr-65, 00:26), lo describió como «joven, austero, carismático, hostil a toda tutela», subrayando que gozaba de respeto tanto entre sus pares militares como en los barrios obreros. La CIA, en su perfil psicológico DR-65-201, completaba el retrato: “Católico practicante, disciplinado, popular porque no roba; nacionalista radical”. La legitimidad que otros buscaban en los despachos o las embajadas, Caamaño la cimentaba en las trincheras y en la calle.
El 4 de mayo de 1965, reunido un Congreso residual, sin quórum formal pero legitimado moralmente por la revuelta popular, Francisco Alberto Caamaño fue proclamado Presidente Constitucional en Armas. Su primer decreto fue la restitución de la Carta de 1963, el segundo, la liberación de los presos sindicales y, como tercer acto de gobierno, decretó la congelación de los alquileres en los barrios populares, medida que fue leída por la élite como un síntoma alarmante de radicalización social. El The New York Times, en su edición del 5 de mayo, advertía que en Santo Domingo «se respira el clima de una Revolución Cubana al 50 %».
Lejos de conformar un gobierno exclusivamente militar, Caamaño abrió su gabinete a civiles de reconocida trayectoria política y social. Nombró al marxista moderado Héctor Aristy como secretario de Economía, quien planteó la nacionalización de los ingenios improductivos, y a Juan Miguel Román, que poco antes de morir en el asalto al Palacio, había redactado la propuesta de elevar el salario mínimo agrario. Los cables de la CIA, en particular el DR-65-201, calificaban esa apertura como “una estrategia para consolidar su popularidad, basada en la imagen de oficial incorruptible y nacionalista”.
El propio Caamaño, en un gesto de audacia, acudió el 3 de mayo a la embajada de EE. UU. a entrevistarse con el embajador Bennett, quien le exigió la rendición incondicional. La respuesta del líder constitucionalista fue tajante: «No nos rendiremos y lucharemos hasta el final». El cable Santo Domingo 572, enviado por Bennett al Departamento de Estado, sintetizaba la escena: «Sin signos de colapso moral en el liderazgo constitucionalista». Esta negativa provocó que Washington activara la segunda fase de la Operación Power Pack, duplicando la presencia de tropas norteamericanas, que pasaron de 10,000 a 21,000 marines en cuestión de días, según consta en el FRUS doc. 99.
A medida que avanzaban los días, la imagen de Caamaño como símbolo de dignidad y resistencia se consolidaba. En las paredes de los barrios capitalinos, los murales proclamaban: «Caamaño es el pueblo armado». La Time Magazine, en su edición de mayo de 1965, tituló su reportaje: «The Sailor President», destacando que, por primera vez en América Latina, un país enfrentaba tropas norteamericanas en nombre de una Constitución, no del comunismo. Esta dimensión ética y nacionalista de la lucha desconcertó a la prensa internacional, acostumbrada a leer los conflictos del Caribe bajo la lógica binaria de la Guerra Fría.
Pero el carisma y la legitimidad moral no bastaban para sostener la resistencia frente al cerco militar y económico impuesto por los marines y las fuerzas leales al Triunvirato. Cada día de bloqueo reducía la capacidad de abastecimiento de los comandos constitucionalistas, agotando municiones, alimentos y medicinas. Como advirtió el secretario de Defensa Robert McNamara en comunicación a Lyndon B. Johnson (FRUS doc. 99): «Si Caamaño consolida la alianza entre los barrios y los cuarteles, perderemos la guerra política». De ahí la urgencia de Washington por acelerar la intervención y cerrar el cerco antes de que la figura de Caamaño se consolidara aún más.
La consigna entre las tropas constitucionalistas era sencilla, pero potente: “Honor y Constitución”. El liderazgo de Caamaño, lejos de ejercerlo desde la retaguardia, se alimentaba de su presencia constante en los frentes de combate. Pasaba las noches inspeccionando las posiciones del Puente Duarte, dialogando con los combatientes, verificando las defensas. Por eso, los comandos lo bautizaron como el “coronel del puente”, en contraste con Donald Reid Cabral, refugiado en el lujoso Hotel Embajador bajo protección militar y diplomática.
Finalmente, la negativa de Caamaño a ceder ante las presiones de la embajada y la Casa Blanca selló su destino político y militar. Aunque su figura creció en el imaginario popular como un líder íntegro y nacionalista, la superioridad logística del enemigo y el cerco internacional fueron debilitando progresivamente las posibilidades tácticas del movimiento constitucionalista. Sin embargo, más allá del desenlace, el liderazgo de Francisco Alberto Caamaño Deñó encarnó el momento más alto de la dignidad política dominicana frente a la injerencia extranjera y al autoritarismo interno. Su proclamación como Presidente en Armas fue mucho más que un acto simbólico: fue la afirmación de que, incluso bajo las balas, la Constitución podía ser defendida.
Reunión en la embajada: Caamaño frente al ultimátum
El 3 de mayo de 1965, cuando el fuego de los bombardeos partía la capital dominicana y los comandos constitucionalistas resistían en las barricadas del Ozama, el presidente en armas, Francisco Alberto Caamaño Deñó, cruzó la puerta de la embajada de Estados Unidos. No iba a pactar la rendición de la República. Frente al embajador W. Tapley Bennett, quien exigió la capitulación incondicional, Caamaño respondió sin vacilaciones: «La patria no se rinde». Así lo consigna el cable Santo Domingo 572, enviado esa misma noche a Washington, donde se advertía al Departamento de Estado: «No hay indicios de colapso moral en el liderazgo constitucionalista» (FRUS, vol. XXXII). Aquel gesto, bajo la sombra de la mayor potencia militar del mundo, no fue solo resistencia política: fue la reafirmación del derecho dominicano a decidir su propio destino.
En la conversación posterior con el Secretario de Estado, Dean Rusk, el propio Bennett tuvo que reconocer que Caamaño «habla en nombre de una revolución auténtica, no de agitadores extranjeros». Pero Rusk, prisionero de la lógica de la Guerra Fría, replicó de inmediato: «La autenticidad no cambia la amenaza comunista» (FRUS doc. 55). La evidencia que contradecía la narrativa del Pentágono —cables de la CIA como el DIR 84958, que reconocían apenas 150 comunistas armados en todo Santo Domingo— fue ignorada en favor de la propaganda. Frente a las presiones imperiales, Caamaño no ofreció excusas ideológicas ni se amparó en retóricas extranjeras: defendió la Constitución, el sufragio y la soberanía nacional, tres banderas que Washington prefirió bombardear antes que respetar.
Las grabaciones de la Casa Blanca, específicamente las cintas LBJ (04-05-65, segmento 6), capturaron la reacción airada del presidente Lyndon B. Johnson ante la negativa de Caamaño: «Si persiste, aplicaremos la receta Santo Domingo en cualquier lugar del hemisferio». La amenaza iba más allá de las costas del Caribe; era una advertencia a toda América Latina de lo que ocurriría si algún otro pueblo osaba defender su democracia fuera del control de Washington. Pero Santo Domingo no fue solo el laboratorio de la Doctrina Johnson: fue también el altar donde los dominicanos demostraron que el coraje y la dignidad podían sostenerse, incluso bajo las bombas.
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU., presionado por la evidencia del uso excesivo de la fuerza, emitió el informe S-PRT 89-12, donde calificaba de “presión inaceptable de la embajada, comprometida con la ruptura de la neutralidad diplomática”. El documento, sin embargo, fue archivado sin consecuencias, sepultado bajo la política del silencio. Las declaraciones testimoniales del senador Wayne Morse, recogidas por el New York Times el 9 de mayo de 1965, advirtieron que «la intervención en República Dominicana ha destruido la credibilidad moral de nuestra política exterior». Pero la maquinaria militar ya estaba en marcha, y la ética había sido derrotada por el pragmatismo geoestratégico.
Para el Pentágono, la firmeza de Caamaño ante la embajada marcó lo que llamaron en sus planes operativos el “punto de no retorno”. La respuesta fue diseñar la zona de exclusión, partiendo la capital en dos corralones militares: de un lado, los marines y el Triunvirato; del otro, el pueblo rebelde y los comandos constitucionalistas. Las barriadas populares, aisladas por barricadas y alambradas, quedaron sin acceso a los hospitales del centro de la ciudad. Según el reporte de la Cruz Roja Internacional, en apenas tres días murieron cuarenta civiles por falta de ambulancias y atención médica, víctimas indirectas del bloqueo humanitario impuesto por los ocupantes.
El CIA Intelligence Memo del 8 de mayo de 1965 fue brutal en su franqueza: «Solo exilio o muerte neutralizarán la amenaza de Caamaño». El documento, desclasificado décadas después, dejaba claro que la negativa del líder constitucionalista había sellado su destino ante los ojos del imperio. Cinco meses más tarde, el Acuerdo de Reconciliación Nacional, mediado por la OEA, impondría el exilio a Londres como única salida para el presidente en armas. Aquel destierro fue apenas un compás de espera: en 1973, Caamaño sería ejecutado tras su regreso clandestino, cumpliendo así la profecía redactada por los analistas de Langley.
Pero ni el exilio, ni la muerte, ni las balas extranjeras pudieron borrar la estampa de aquel hombre que, en el corazón de la embajada del invasor, dijo sin bajar la mirada: «La patria no se rinde». En ese acto, Francisco Alberto Caamaño Deñó no solo defendía una Constitución; defendía la dignidad de un pueblo y de una historia. Hoy, cada vez que se recuerda su nombre, resuena la enseñanza profunda de abril: que la soberanía no se mendiga, se conquista. Aunque el precio sea la sangre, aunque la prensa del imperio la llame locura, aunque los cables diplomáticos la etiqueten como “amenaza”, fue y seguirá siendo el acto más alto de la política dominicana del siglo XX.
La invasión norteamericana: Operación Power Pack
El 28 de abril de 1965, a las 14:34 h, el embajador estadounidense en Santo Domingo, W. Tapley Bennett, activó el llamado “teléfono rojo” de la Casa Blanca y transmitió una alarma categórica: «Lucha callejera pone en riesgo 3 500 vidas norteamericanas». La respuesta del presidente Lyndon B. Johnson fue inmediata: 54 minutos después, firmó la Orden Ejecutiva de intervención militar, sin consultar al Consejo de Seguridad Nacional. El FRUS doc. 31 lo constata: no hubo deliberación institucional, solo reflejo geopolítico. El primer contingente, compuesto por 1 409 marines, desembarcó por el Malecón esa misma tarde, bajo cobertura de la 2.ª Ala de Apoyo Aéreo. El Congreso no fue notificado hasta después del desembarco.
A medianoche, paracaidistas de la 82.ª División Aerotransportada tomaban control de la pista de San Isidro, mientras los blindados aseguraban el perímetro de la embajada y los hoteles internacionales. La misión inicial de evacuación de ciudadanos estadounidenses fue rápidamente ampliada. Según el memorando McNamara (26-may-1965), el aumento de tropas a 21 000 efectivos en solo 15 días se debió a la “explosiva situación política y la debilidad de las fuerzas leales al Triunvirato”. La monografía militar Power Pack, publicada por el Pentágono en 1966, admite que en 48 horas la misión se transformó en una operación de “pacificación” y “protección de intereses estratégicos”.
La ciudad quedó partida en dos: al este, la Zona de Seguridad Internacional, protegida por marines, que incluía embajada, puerto, bancos y el Hotel Embajador; al oeste del río Ozama, la Ciudad Rebelde, donde los comandos constitucionalistas y los barrios populares resistían. Los marines desplegaron alambres de cuchillas, altavoces con el mensaje oficial “Estamos aquí para proteger vidas americanas”, y drones de reconocimiento primitivos. La respuesta fue simbólicamente potente: altavoces caseros en las barricadas repetían sin cesar: “Marines go home”. La guerra psicológica había comenzado.
En el Puente Duarte, los enfrentamientos adquirieron carácter épico. Entre el 29 de abril y el 5 de mayo, los comandos liderados por Juan María Lora Fernández repelieron cinco intentos de cruce de los marines, usando lanzagranadas caseros, botellas incendiarias y barricadas móviles. El parte de la 504.ª unidad aerotransportada reconocía 26 bajas propias; la Cruz Roja Dominicana contabilizó 78 muertos constitucionalistas, aunque fuentes no oficiales elevaron la cifra a más de 100. La defensa del puente se convirtió en una suerte de Stalingrado tropical, símbolo de dignidad frente a la ocupación.
El cable DIR 84958 de la CIA, fechado 30 de abril de 1965, desmentía por completo la narrativa oficial de Washington: «Solo 150 militantes comunistas armados han sido identificados». Sin embargo, la maquinaria de propaganda estadounidense mantenía la tesis de una inminente “segunda Cuba”. Un año más tarde, el State cable 211849 (5-jun-1966) calificó la intervención como “un ejemplo exitoso de acción preventiva”. La evidencia empírica fue sacrificada en el altar de la retórica estratégica. La Guerra Fría no necesitaba verdades, solo relatos funcionales.
El costo humano de la invasión fue devastador. La Cruz Roja Internacional calculó 2 650 muertos civiles, muchos de ellos por bombardeos en zonas residenciales como Guachupita, Villa Francisca y San Antón. El Pentágono admitió oficialmente 54 bajas estadounidenses, pero omitiendo las heridas psicológicas y físicas que afectaron a cientos de marines. La diferencia estadística fue tratada como un asunto de “contención informativa”: la victoria debía parecer quirúrgica, limpia, inevitable. The Guardian, en su edición del 12 de mayo de 1965, acusó a EE. UU. de practicar una “intervención humanitaria de plomo caliente”.
En el Congreso estadounidense, el congresista Phillip Burton calificó el desembarco como “un acto de guerra no autorizado” y pidió activar la Enmienda Fulbright para suspender los fondos de la operación. La moción fue archivada en menos de 24 horas. La doctrina de seguridad hemisférica tenía carta blanca. Así nacía la Doctrina Johnson, formulada en los hechos: el supuesto derecho de EE. UU. a intervenir unilateralmente en cualquier país del hemisferio si se percibía —o inventaba— una amenaza comunista. Santo Domingo fue su laboratorio; los manuales del Southern Command la adoptarían como protocolo operativo estándar.
La invasión de 1965 convirtió a la República Dominicana en teatro de guerra durante la Guerra Fría, con la peculiaridad de que el enemigo no era Moscú ni La Habana, sino una ciudadanía movilizada por la restitución de una Constitución democrática. Como editorializó el Le Monde Diplomatique (junio 1965): «No fue una guerra contra el comunismo: fue una guerra contra el constitucionalismo popular». Y como ironizó Gore Vidal en su columna para The Nation, “los marines llegaron para salvar a los dominicanos de su democracia”.
Entre la insurrección y la ocupación: la dignidad cercada por las bayonetas
El levantamiento del 24 de abril de 1965, convocado por jóvenes oficiales constitucionalistas ,encendió una chispa que se convirtió en insurrección popular. En apenas 48 horas, la revuelta dejó de ser un pronunciamiento militar para transformarse en una rebelión cívico-militar, con la incorporación masiva de estudiantes, obreros, sindicatos y habitantes de los barrios populares. Mientras las fuerzas leales al Triunvirato intentaban contener el avance con bombardeos aéreos, la capital fue rápidamente partida en dos: la Ciudad Rebelde, con sus barricadas, y la zona protegida de la oligarquía, defendida por los restos del aparato militar trujillista.
El impacto político de ese primer momento fue devastador para los golpistas. El general Elías Wessin y Wessin, considerado el pilar del Triunvirato, no logró sofocar la rebelión ni asegurar el control de la ciudad. En su desesperación, ordenó ataques indiscriminados contra la población civil. El informe de la Cruz Roja Dominicana registró 17 muertos y decenas de heridos solo en el primer bombardeo sobre la Zona Colonial. Lejos de quebrar la resistencia, estas masacres multiplicaron el apoyo popular a los constitucionalistas. En el cable CIA DIR 84958 (30-abr-65), la inteligencia norteamericana admitía que «el carácter plebeyo de la insurrección complica cualquier solución militar rápida».
Sin control político ni dominio militar del territorio, el Triunvirato recurrió a su última carta: Washington. El 28 de abril, bajo el pretexto de proteger las vidas de ciudadanos estadounidenses, el embajador Tapley Bennett activó la línea roja con la Casa Blanca y convenció a Lyndon B. Johnson de autorizar la intervención. El FRUS doc. 31 confirma que la decisión fue tomada sin consultar al Consejo de Seguridad Nacional, evidenciando que la prioridad no era la estabilidad democrática, sino evitar que la revuelta constitucionalista consolidara un modelo político autónomo. Esa misma tarde, los primeros 1,409 marines desembarcaban en el Malecón. En palabras del periodista Henry Giniger del New York Times, «la bandera de las barras y las estrellas ondeó sobre Santo Domingo antes de que sonara el primer disparo real de negociación».
El efecto inmediato de la invasión fue la congelación del frente político interno. Los sectores conservadores, que hasta entonces buscaban justificar el golpe como una “acción preventiva contra el comunismo”, encontraron en las tropas estadounidenses la fuerza que los militares locales no pudieron ofrecer. El memorando McNamara (26-may-65) reveló que, ante la incapacidad del Triunvirato para sofocar la rebelión, las fuerzas norteamericanas pasaron de 10,000 a 21,000 efectivos en menos de quince días. En las barriadas de Guachupita, San Antón y Villa Francisca, los constitucionalistas resistieron con armas ligeras, mientras los aviones P-51 y los tanques norteamericanos arrasaban las posiciones defensivas.
El Puente Duarte, eje estratégico de la capital, se convirtió en el escenario simbólico de esa resistencia. Allí, el coronel Juan María Lora Fernández, al mando de los comandos constitucionalistas, repelió cinco ofensivas consecutivas de los marines y las fuerzas leales, utilizando granadas caseras y barricadas. El parte del 504th Regimiento Paracaidista reconoce 26 bajas propias en el intento de tomar el puente, mientras que la Cruz Roja Dominicana reportó 78 constitucionalistas muertos solo en esa línea de combate. Las imágenes del Life Magazine mostraban tanques avanzando sobre calles destrozadas y niños empuñando piedras, una postal que desgarró la conciencia internacional.
Frente al cerco militar y al bombardeo sistemático, el liderazgo de Francisco Alberto Caamaño Deñó optó por mantener la línea política de la Constitución como bandera moral de la resistencia. Lejos de ceder ante la presión armada, Caamaño impulsó la proclamación formal del gobierno constitucionalista el 4 de mayo de 1965, con la restitución de la Carta Magna de 1963 y la formación de un gabinete con civiles y militares leales al proyecto democrático. El Time Magazine, en su edición de mayo, describió la escena con estas palabras: «Por primera vez en América Latina, un pueblo enfrenta marines bajo la bandera de la democracia, no del comunismo».
Pero Washington, decidido a imponer la rendición, endureció la ofensiva militar. Las notas de la CIA (CIA Intelligence Memo, 08-05-65) fueron claras: «Sin exilio o muerte de Caamaño, no habrá colapso de la resistencia». En ese contexto, la embajada norteamericana, bajo presión del Pentágono, planteó por primera vez la vía de una negociación política. El propio embajador Bennett, consciente del descrédito internacional de la invasión, propuso a Caamaño iniciar un diálogo, pero desde una posición de fuerza: bajo bloqueo militar y ocupación extranjera. El cable Santo Domingo 572 dejó constancia de que Caamaño rechazó la rendición, aunque aceptó abrir la puerta a las conversaciones por respeto al pueblo que resistía.
El impacto de esta ocupación fue profundo y devastador. Más allá de los 2,650 civiles muertos documentados por la Cruz Roja Internacional, la intervención norteamericana cercenó el proceso democrático que había sido votado en las urnas en 1962. El legado inmediato fue la imposición de un gobierno títere, el desplazamiento de las fuerzas populares y la institucionalización del miedo. Sin embargo, la dignidad con que el pueblo dominicano enfrentó las tropas extranjeras escribió una de las páginas más nobles de la historia de América Latina. Como registró el Le Monde en su edición del 7 de mayo de 1965: «En Santo Domingo, la democracia no cayó de rodillas; fue obligada a arrodillarse bajo las botas del imperio».
Batallas posteriores, asalto a Santiago y desgaste final
Tras la línea del Ozama, el interior ardía en rescoldos. En la Línea Noroeste, campesinos de Jobabito incendiaron camiones de suministro; parte del 187.º Regimiento calificó 107 “incidentes menores”. La Cruz Roja contabilizó 486 muertos rurales, invisibles en la historiografía oficial.
La “zona franca humanitaria” levantada por la OEA era, en realidad, un corredor logístico para el 82.º Airborne. Félix Servio Ducoudray, observador de la ONU, denunció en informe reservado “violaciones sistemáticas de neutralidad”.
El 19 de diciembre de 1965, tropas leales al general Rivera Caminero asaltaron el Hotel Matúm en Santiago, donde dormía Caamaño tras una asamblea. Hubo 3 000 disparos en cuarenta minutos; murió el coronel Juan María Lora Fernández. Los asesores norteamericanos, según partes desclasificados en 2020, dirigieron el cerco violando su mandato de “observadores”.
En la capital, la tensión bajó con la llegada de Navidad. Los precios de alimentos se dispararon 140 %. Washington presionaba para una salida “honorable”. El Triunvirato sin pueblo, los rebeldes sin munición y los marines sin relato humanitario largo formaban un triángulo imposible.
La OEA propuso Gobierno provisional; Caamaño aceptó negociar. En barrios rebeldes se oyó «Constitución sin Caamaño también vale». El cansancio era el mejor aliado de la diplomacia.
Los comandos que juraron “Constitución o muerte” eran ahora reserva moral, no fuerza efectiva. El
El acuerdo final: claudicación forzada y exilio de la dignidad
El precio de la resistencia constitucionalista fue alto. Tras casi cinco meses de bloqueo militar, bombardeos sobre la capital y la ocupación del país por más de 21,000 marines estadounidenses, la lucha popular encabezada por Francisco Alberto Caamaño Deñó fue llevada a una negociación desigual. El 26 de agosto de 1965, bajo la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y con la presión directa del Pentágono y el Departamento de Estado, se firmó el Acta de Reconciliación Nacional, el documento que marcó el fin formal de la Revolución de Abril. Según consta en el FRUS, vol. XXXII, doc. 72, la OEA actuó como vehículo diplomático, pero las decisiones finales respondieron a las imposiciones de Washington, que había condicionado toda negociación a la salida de Caamaño del país.
El acuerdo estableció como primera condición el exilio de Francisco Alberto Caamaño, bajo la figura de “salida voluntaria para contribuir a la pacificación”. Esta cláusula, sin embargo, fue redactada bajo la amenaza de continuar la ocupación militar si el presidente en armas no aceptaba. El cable Santo Domingo 926 (30-agosto-1965), enviado por el embajador Bennett, reportó al Departamento de Estado: «El líder rebelde acepta el exilio a Londres; sin su partida no habría sido posible cerrar las conversaciones». La salida de Caamaño fue presentada ante la opinión pública como una decisión de buena fe, pero los documentos desclasificados prueban que se trató de una exigencia directa del gobierno norteamericano.
El segundo punto clave del acuerdo fue la creación de un gobierno provisional encabezado por Héctor García-Godoy, ex embajador y figura moderada vinculada a los sectores conservadores, aunque aceptado por la OEA como «neutral». El Acta de Reconciliación establecía que ese gobierno tendría como única función organizar elecciones en un plazo no mayor de nueve meses. La fecha se fijó para junio de 1966, con una advertencia expresa de que el proceso estaría bajo la “supervisión de fuerzas internacionales de paz”, es decir, bajo la tutela militar de los ocupantes. La monografía oficial del Pentágono sobre Power Pack señala que «la Fuerza Interamericana de Paz debía garantizar que el proceso electoral excluyera cualquier intento de retorno de la izquierda radical» (Army University Press, Power Pack, Cap. IX).
El tercer componente del acuerdo fue la amnistía general para los combatientes constitucionalistas, pero con la excepción expresa de aquellos señalados como «subversivos extranjeros», una categoría ambigua que permitía mantener bajo persecución a militantes de izquierda, exguerrilleros y sindicalistas. Los documentos de la CIA (DIR 87211, septiembre 1965) indican que, aunque se habló de reconciliación, las listas negras continuaron activas y los servicios de inteligencia estadounidenses compartieron con el nuevo gobierno los nombres de los cuadros más radicales del movimiento constitucionalista.
El verdadero trasfondo de ese acuerdo fue garantizar que las elecciones de 1966 quedaran bajo control de Washington. La documentación del Congressional Record (1966, p. 11423) revela que el Departamento de Estado consideraba la candidatura de Joaquín Balaguer como la “mejor opción para garantizar la estabilidad política del país y evitar un retroceso hacia el modelo socialdemócrata de Bosch”. En efecto, Balaguer, antiguo colaborador del régimen trujillista, fue apoyado por las élites económicas, la Iglesia y los remanentes de las Fuerzas Armadas, obteniendo la victoria en unos comicios vigilados por los cascos azules y por la maquinaria militar norteamericana.
El costo humano y político de esa “reconciliación” fue omitido en los comunicados oficiales. La Cruz Roja Internacional, en su informe de cierre de misión, denunció que más de 2,650 civiles habían muerto durante la ocupación, en su mayoría por bombardeos y fuego cruzado en las zonas populares. Sin embargo, las cifras oficiales del Pentágono mantuvieron la narrativa de “mínimas bajas colaterales”. El New York Times y el Le Monde coincidieron en señalar que el acuerdo de paz había sido más una claudicación forzada que una verdadera negociación entre iguales.
Pese a la firma del acuerdo, la llama de la Revolución de Abril no fue extinguida en la memoria histórica dominicana. El exilio de Caamaño, su posterior ejecución tras el desembarco de Caracoles en 1973, y la persistente represión contra las organizaciones populares evidenciaron que el acta del 26 de agosto no fue una reconciliación real, sino una capitulación impuesta por la bota extranjera. Como escribió el periodista Pierre Darcourt en Le Monde (31-agosto-1965): «El imperio ganó la guerra, pero no logró borrar el acto de dignidad de un pueblo que se negó a entregar su Constitución sin pelear».
Juan Bosch desde el exilio: el ideólogo silenciado que nunca dejó de pelear
Aunque el golpe militar del 25 de septiembre de 1963 lo había expulsado del poder y del país, Juan Bosch, presidente legítimamente electo y artífice de la Constitución de 1963, jamás abandonó el escenario de la Revolución de Abril. Desde su exilio en Puerto Rico, bajo estrecha vigilancia del FBI y del Departamento de Estado, Bosch mantuvo una activa estrategia política, intelectual y diplomática, que contribuyó a dotar de contenido ideológico y legitimidad internacional a la insurrección constitucionalista. Según el cable DIR-68812, fechado el 27 de abril de 1965, la CIA alertó a Washington: «Bosch mantiene contactos diarios con PRD y con delegados del levantamiento; insiste en la restitución del orden constitucional como única salida aceptable».
Pese a estar físicamente fuera del territorio dominicano, Bosch fue percibido como la figura central detrás de la revuelta. El cable Santo Domingo 828 (29-abril-1965), enviado por el embajador Tapley Bennett al Departamento de Estado, reconocía que «los combatientes invocan constantemente la Constitución de Bosch y esperan su retorno como garantía de legitimidad». Esta referencia directa en los partes diplomáticos desmonta la versión oficial del Triunvirato y de Washington, que intentaban presentar la insurrección como obra de militares aislados o de elementos radicales externos.
El gobierno norteamericano, consciente de la influencia simbólica y política de Bosch, desplegó desde el primer día del levantamiento una estrategia para silenciar su participación. El Memorando Mann (FRUS doc. 24, 29-sep-1963), redactado tras el golpe de Estado, ya había recomendado mantenerlo fuera de los medios: «Mantenerlo en Puerto Rico otorga control del libreto y evita viaje a La Habana o intervención en foros internacionales». Esta política se mantuvo durante la Revolución. El FBI y el gobierno de Luis Muñoz Marín en Puerto Rico establecieron un cerco informativo que prohibía a Bosch dar declaraciones a la prensa estadounidense, tal como confirma el expediente Confidential/DR, desclasificado en 2014.
A pesar de la censura, Bosch logró circular comunicados mimeografiados desde San Juan, que llegaron a Santo Domingo por las redes del PRD y de exiliados. En esos mensajes, insistía en que «ninguna solución será legítima si no se restituyen la Constitución de 1963 y las instituciones destruidas por el golpe de Estado». Según reportó el New York Times el 2 de mayo de 1965, las copias de estos textos circulaban clandestinamente entre los comandos barriales y eran leídas en altavoces improvisados en las zonas rebeldes. La CIA, en el DR-65-201, reconoció que «los discursos de Bosch desde el exilio sostienen el espíritu de los combatientes».
Washington identificó este rol activo de Bosch como un obstáculo clave para desactivar la insurrección. El cable State 149321 (9-may-1965), dirigido al embajador Bennett, instruía: «Evitar cualquier espacio para Bosch en las negociaciones; insistir en solución sin retorno de líderes exiliados». De hecho, uno de los temas recurrentes en las reuniones diplomáticas entre EE. UU., la OEA y los sectores del Triunvirato fue la negativa explícita a considerar a Bosch como interlocutor legítimo. Esta línea dura fue defendida personalmente por Thomas Mann, entonces subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos.
A nivel internacional, Bosch libró otra batalla. Enviaba cartas a partidos socialistas y socialdemócratas de Europa y América Latina, denunciando la intervención militar estadounidense y solicitando pronunciamientos de condena. La prensa europea, especialmente Le Monde y La Stampa, recogió sus declaraciones y las contrastó con la narrativa de Washington. El Le Monde del 7 de mayo de 1965 publicó: «Bosch denuncia la invasión y afirma que la Revolución de Abril no es comunista, es la lucha por restaurar la democracia traicionada». Esta denuncia fortaleció la percepción internacional de que la ocupación era un acto imperialista y no una acción de defensa de la democracia.
Pese a los intentos por marginarlo, Bosch logró que su figura se mantuviera como referencia moral y política durante todo el proceso revolucionario. Cuando el acuerdo final del Acta de Reconciliación Nacional (26 de agosto de 1965) excluyó toda posibilidad de su retorno inmediato, Bosch calificó el pacto como «una claudicación bajo ocupación extranjera», según consta en el boletín interno del PRD, fechado el 2 de septiembre de 1965. Esta crítica no impidió que, para los combatientes, su nombre siguiera siendo sinónimo de la Constitución y de la legalidad ultrajada.
Los informes finales de la CIA, en especial el CIA Intelligence Estimate 65-87, reconocen que «el factor Bosch mantuvo vivo el componente político de la insurrección, dificultando la consolidación del gobierno provisional y deslegitimando cualquier resultado electoral si no era permitido competir libremente». Aún fuera de las trincheras, Bosch fue, en la práctica, el ideólogo silenciado de la Revolución de Abril. Su papel no fue el de un espectador lejano, sino el de un líder proscrito cuya presencia moral y política alimentó la resistencia contra la dictadura militar y la injerencia extranjera
El gobierno de Balaguer (1966-1978): represión, clientelismo y desarrollo autoritario
El primer período de Joaquín Balaguer (1966-1970) fue inaugurado bajo la doctrina de la llamada «mano dura con libertad», que en la práctica significó la instauración de un régimen represivo que utilizó la violencia estatal como método sistemático de control social y político. Las fuerzas armadas, con fuerte entrenamiento y asesoría norteamericana, ejecutaron una política de exterminio selectivo contra excombatientes constitucionalistas, estudiantes, campesinos organizados y opositores de izquierda. Organismos como el Servicio de Inteligencia Militar (SIM) y la temida Policía Nacional llevaron a cabo miles de detenciones ilegales, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Entre los crímenes de Estado más recordados figura la matanza de los guerrilleros de Caracoles en 1973, incluido el asesinato de Francisco Alberto Caamaño, símbolo de la resistencia constitucionalista.
Durante el segundo período (1970-1974), Balaguer profundizó el modelo de autoritarismo electoral. Aunque organizaba elecciones cada cuatro años, estas se desarrollaban bajo condiciones de fraude, compra de votos, represión sistemática y censura a la prensa independiente. En las zonas rurales, el gobierno implementó una red clientelar de asistencia social conocida como el “pan con mantequilla”, que consistía en pequeñas obras públicas, distribución de alimentos y becas, destinadas a fidelizar el voto campesino mientras se mantenía la exclusión política de la oposición urbana. Al mismo tiempo, los escuadrones de la muerte, bajo la cobertura del Estado, continuaban las ejecuciones de líderes sindicales y militantes de izquierda. El informe de Amnistía Internacional (1975) sobre República Dominicana señalaba que durante este período “los asesinatos políticos y la represión alcanzaron niveles alarmantes”.
En el ámbito económico, Balaguer promovió una política de desarrollo basada en la construcción de grandes obras públicas: presas, avenidas, puentes, autopistas y viviendas sociales. Este modelo de «progreso visible» se financió principalmente mediante préstamos internacionales y apoyo de Estados Unidos, que justificaba la ayuda económica como parte de la lucha contra el comunismo en el Caribe. Sin embargo, el modelo favoreció la acumulación de capital en manos de grupos cercanos al régimen, y la corrupción estatal alcanzó niveles nunca antes vistos, con denuncias de sobrevaluación de obras y contratos amañados. Mientras la infraestructura crecía, los indicadores de pobreza, desigualdad y desempleo seguían siendo altos, especialmente en el campo.
El tercer mandato (1974-1978) mostró el desgaste del balaguerismo y el inicio de la presión popular por la apertura democrática. Las protestas estudiantiles, las huelgas de obreros y las denuncias internacionales por violaciones de derechos humanos minaron la legitimidad del régimen. Aunque Balaguer intentó controlar el proceso electoral mediante fraudes similares a los anteriores, la presión nacional e internacional obligó a una relativa apertura que culminó con las elecciones de 1978, en las cuales, por primera vez, la oposición —el PRD, encabezado por Antonio Guzmán Fernández— logró alcanzar el poder. Ese resultado marcó el final de los doce años de represión y autoritarismo, pero dejó como legado una cultura política basada en el miedo, la corrupción y la manipulación electoral, que afectaría a la democracia dominicana por las siguientes décadas.
Epílogo final:
Caamaño fue ejecutado el 16-feb-1973 tras su fallido desembarco en Playa Caracoles. El cable Santo Domingo 2195 notificó a la Casa Blanca: «Operación concluida, objetivo neutralizado». Con su muerte se cerró la última ventana para restaurar la Constitución de 1963 en vida de sus defensores.
Balaguer continuó doce años en el poder bajo la etiqueta de “democracia autoritaria”. El crecimiento económico —8 % anual con créditos AID y remesas— convivió con la persecución a la disidencia: la Comisión de Derechos Humanos documentó 2 342 detenciones políticas entre 1966 y 1972. Washington lo aceptó como “precio de la estabilidad” en el Caribe.
La tutela externa mudó de uniforme a corbata. En marzo de 2018, la Casa Blanca de Donald Trump impuso un arancel global del 10 % al acero y aluminio. Los FRUS 2020-2022, docs. 202, 206, 211 —todavía inéditos en la prensa local— muestran que la Oficina del Representante Comercial (USTR) condicionó exenciones a “alinear la política exterior dominicana con intereses de EE. UU.”. El chantaje económico sustituyó al desembarco marino.
La historia revela un dilema recurrente: soberanía con costes o dependencia con prebendas. Desde 1965 la trama azucarera se transformó en textil, luego en turismo y finalmente en tratados de libre comercio que reproducen la asimetría. La Revolución de Abril enseñó que sin base productiva diversificada el margen de maniobra política es estrecho.
Cada 24 de abril los dominicanos conmemoran a sus mártires. Sin embargo, los manuales escolares aún describen la intervención estadounidense como “operación de salvamento”. La batalla por el relato permanece abierta en aulas, archivos y calles que llevan nombres de los héroes constitucionalistas.
La lección final es doble: la Constitución no basta si las élites locales y la superpotencia coinciden en sus intereses; y —paradójicamente— ningún veto oligárquico es eterno si una coalición cívico-militar vuelve a poner la Carta sobre la mesa. La fecha sigue siendo brújula moral: recuerda que las repúblicas nacen, mueren y resucitan cada vez que sus ciudadanos deciden defenderlas.
Bibliografía oficial y documentada del reportaje
(Organizada por año y tipo de fuente, incluyendo ubicación de los archivos)
1961-1963: Magnicidio, apertura tutelada y golpe contra Bosch
| Año | Documento / Fuente | Archivo / Fuente | Contenido |
| 1961 | Santo Domingo 102, 110, 145, 147 | NARA RG-59 | Magnicidio, negociación con familia Trujillo, llegada de Balaguer. |
| 1962 | PICL 23-12-62 | CIA Reading Room | Evaluación de la victoria de Bosch. |
| 1963 | INR-CIA 3-jul-63 | CIA Reading Room | Impacto económico de la Constitución de 1963. |
| 1963 | DIR 68444 | CIA Reading Room | Plan de guerra psicológica contra Bosch. |
| 1963 | DIR 68812; Santo Domingo 820, 826, 835 | CIA RR / NARA RG-59 | Exilio forzoso de Bosch, traslado a Puerto Rico, control mediático. |
| 1963 | FRUS vol. XXXII, docs. 18-24 | Office of the Historian, US State Department | Memorandos Mann, estrategia de “apertura tutelada”. |
1964-1965: Consolidación del Triunvirato y revolución de abril
| Año | Documento / Fuente | Archivo / Fuente | Contenido |
| 1964 | CIA Weekly 12-feb-64 | CIA Reading Room | Advertencia sobre la represión del Triunvirato. |
| 1965 | FRUS docs. 29-31 | Office of the Historian | Decisión de intervención, cables Bennett, operación Power Pack. |
| 1965 | Bennett Flash 28-abr-65 | Office of the Historian | Justificación oficial de la invasión. |
| 1965 | DIR 84958 | CIA Reading Room | Conteo de comunistas armados, narrativa de intervención. |
| 1965 | Santo Domingo 572 | NARA RG-59 | Rechazo de Caamaño a la rendición, evaluación de resistencia. |
| 1965 | DR-65-201 | CIA Reading Room | Perfil psicológico de Francisco Caamaño. |
| 1965 | OEA/Ser.F/V.II-18 | Archivo OEA | Informe sobre comandos barriales y resistencia. |
| 1965 | Acta de Reconciliación (26-ago-65) | Archivo General de la Nación (RD) | Bases del gobierno provisional, exilio de Caamaño. |
1966-1973: Fraude electoral, ascenso de Balaguer y muerte de Caamaño
| Año | Documento / Fuente | Archivo / Fuente | Contenido |
| 1965 | NSC memo 30-dic-65 (doc. 152) | Office of the Historian | Estrategia electoral pro-Balaguer, hoja de ruta política. |
| 1966 | CIA-ARA 6-abr-66 | CIA Reading Room | Seguimiento a Caamaño en Londres. |
| 1966 | OCI 1297/66; Project 303 log | CIA Reading Room | Fondos encubiertos para el Partido Reformista. |
| 1966 | CIA-RDP79T00826 | CIA Reading Room | Estimación de resultados electorales, rol del Ejército. |
| 1966 | OEA-DOM 27/66 | OEA (Eyes Only) | Informe sobre irregularidades en las elecciones. |
| 1967 | After-Action Report Power Pack | Department of the Army | Balance militar de la ocupación. |
| 1973 | DIR 330314; Santo Domingo 2195 | CIA Reading Room / NARA RG-59 | Operación Caracoles, captura y ejecución de Caamaño. |
Otras fuentes relevantes y complementarias
| Tipo de documento | Fuente | Detalles |
| Briefing-Book #787 (Project Furrow) | National Security Archive | Financiamiento CIA del golpe contra Bosch. |
| Briefing-Book #513 (Comandos barriales) | National Security Archive | Evaluación de los comandos de resistencia. |
| Audios desclasificados LBJ (2015) | National Security Archive | Transcripciones de llamadas Johnson-Mann. |
| Fort Bragg Assistance Files, caja 7 | DoD Archive | Cursos de contrainsurgencia para la Guardia Presidencial. |
| Diario de Campo Wessin | Fondo UASD (desclasificado 2024) | Orden de bombardeo universitario en 1963. |
| Archivo Supremo Militar, caja 223 | AGN (RD) | Actas del Consejo de Guerra de Las Manaclas. |
Nota importante:
Todos los documentos FRUS pueden consultarse en:
📎 https://history.state.gov
Los cables CIA están disponibles en la CIA Reading Room:
📎 https://www.cia.gov/readingroom
Los archivos dominicanos requieren consulta presencial en el Archivo General de la Nación y en el Archivo de las Fuerzas Armadas.
