El presidente Luis Abinader asumió el cargo con una promesa clara: erradicar la corrupción y establecer un gobierno transparente. Sin embargo, a lo largo de su administración, más de 45 escándalos de corrupción han salido a la luz, generando dudas sobre la efectividad de sus esfuerzos. La percepción de la población dominicana ha ido deteriorándose con respecto a la gestión de la corrupción en el país. Según una encuesta realizada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el 51.4% de los dominicanos cree que la corrupción en el gobierno aumentó del 2022 al 2023, un incremento de 19 puntos porcentuales en un año. Estos resultados evidencian un creciente escepticismo sobre la capacidad del gobierno para manejar los fondos públicos de manera ética y transparente.
Uno de los primeros escándalos fue la Operación 13, un fraude que involucró un sorteo manipulado en la Lotería Nacional. Luis Maisichell Dicent, exadministrador de la institución, fue acusado de orquestar este esquema que supuestamente desfalcó al Estado en más de RD$500 millones. A pesar de su destitución y sometimiento a la justicia, este incidente puso en duda la capacidad del gobierno para prevenir y combatir actos corruptos, mientras la resolución judicial sigue siendo un proceso lento.
La controversia de las jeringas, donde se denunció la compra de insumos médicos a precios inflados durante la pandemia, fue otro golpe a la confianza pública. Este episodio se centró en la adquisición de materiales de salud a costos exorbitantes, lo que agravó la sensación de que se estaba abusando de los fondos destinados a la emergencia sanitaria, sin que haya habido una investigación judicial seria o consecuencias claras.
Otro suceso significativo involucra al exministro de Educación, Roberto Fulcar, cuestionado por irregularidades en la compra de equipos tecnológicos para la educación a distancia en el programa “Educación para Todos”. A pesar de ser removido de su cargo, no ha habido un seguimiento judicial efectivo, dejando dudas sobre la responsabilidad en su gestión. La adjudicación de contratos de alimentación escolar con sobrecostos en el INABIE también destacó la falta de medidas contundentes en sectores cruciales como la educación.
Uno de los casos más mediáticos fue el de la exministra de la Juventud, Kimberly Taveras, quien renunció tras ser acusada de enriquecimiento ilícito. Aunque el escándalo generó gran atención pública, la falta de un proceso judicial rápido ha generado la percepción de que las renuncias o destituciones se utilizan como herramientas para desviar la atención, sin resolver de fondo los problemas de corrupción.
La controversia alrededor de Lisandro Macarrulla, exministro de la Presidencia vinculado a la construcción del centro penitenciario La Nueva Victoria, también generó inquietud. Aunque renunció, la investigación no avanzó judicialmente, dejando preguntas abiertas sobre el manejo de fondos públicos en proyectos de gran envergadura.
Otro caso que ha generado controversia es el de Tony Peña Guaba, coordinador del Gabinete de Política Social. La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) lo acusó de violar los procedimientos establecidos en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas al repartir fondos a un grupo de artistas sin el debido proceso administrativo. Según ADOCCO, esta acción resultó en un desembolso de más de RD$55.6 millones y solicitó su sometimiento a la justicia. El caso pone en entredicho la transparencia en el manejo de recursos públicos y agrega otra capa de dudas sobre la efectividad del gobierno en combatir la corrupción.
Un episodio escandaloso fue el del Instituto Postal Dominicano (IMPOSDOM), donde Adán Peguero, exdirector de la entidad, fue acusado de firmar un contrato irregular con una empresa extranjera para la distribución de correspondencia. A pesar de las pruebas presentadas, el proceso ha permanecido estancado en los tribunales, reforzando la idea de que las sanciones judiciales no están a la altura de los discursos de transparencia.
La situación conocida como «Neney Pintura», relacionada con la compra irregular de pinturas y materiales de construcción en el Ministerio de Obras Públicas, muestra cómo las investigaciones quedan en el aire sin llegar a una resolución concreta. A pesar de las denuncias, no se ha visto una acción judicial clara, y las consecuencias han sido mínimas.
La Operación Coral, que reveló una supuesta red de corrupción dentro del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), expuso un esquema de malversación de fondos millonarios. A pesar de las detenciones de altos mandos militares, la lentitud del proceso judicial ha sembrado dudas sobre la capacidad del sistema para enfrentar estas situaciones con celeridad.
El escándalo de Supérate es uno de los más indignantes, ya que involucró un fraude masivo con las tarjetas de ayuda social. Miles de dominicanos de escasos recursos fueron afectados por irregularidades en el programa, y aunque las investigaciones siguen en curso, la falta de sanciones ha mermado la confianza en el sistema de asistencia social del país.
Otros episodios, como el del Acuario Nacional, donde se descubrieron irregularidades en la asignación de fondos para su renovación, o el del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), relacionado con el manejo indebido de recursos públicos, ejemplifican cómo las instituciones estatales se han visto envueltas en escándalos que no han resultado en sanciones ejemplares.
En la Dirección General de Pasaportes se denunciaron irregularidades en la emisión de documentos y sobornos a empleados, pero las destituciones no han sido acompañadas de procesos judiciales que restituyan la confianza en esta entidad.
Figuras como Micky López, Yamil Abreu y Miguel Gutiérrez, vinculadas al narcotráfico, fueron detenidas, pero la lentitud de los procesos judiciales ha generado la impresión de que las conexiones políticas protegen a estos individuos de enfrentar la justicia de manera oportuna.
El denominado «Tony Millones» involucró contratos fraudulentos en la administración pública, donde empresarios cercanos al gobierno se beneficiaron con fondos estatales sin enfrentar consecuencias significativas. La venta de armas ilegales dentro del Ministerio de Interior y Policía también implicó a funcionarios que, a pesar de ser destituidos, no han enfrentado cargos judiciales contundentes.
La polémica en torno a la compra de terrenos en el Canódromo, vinculada al ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, y el escándalo de los Papeles de Panamá, donde figuras del gobierno actual fueron señaladas, son otros ejemplos de cómo la corrupción sigue infiltrándose en el aparato estatal.
Otro señalamiento de corrupción surgió con Hugo Beras, exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). El Ministerio Público lo identifica como coautor y principal facilitador de un esquema irregular en la licitación ganada por la empresa Transcore Latam SRL, destinada a la modernización del sistema de control de tráfico y la red semafórica en el país. Según las autoridades, Beras dirigió y autorizó la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas necesarias.
Este escándalo pone de manifiesto las irregularidades en el manejo de recursos públicos, culminando en su arresto tras un allanamiento en su residencia. También se detuvo al empresario José Ángel Gómez Canaán, implicado en el contrato cuestionado, resaltando la gravedad de las acusaciones y la necesidad de una investigación rigurosa en un contexto donde la corrupción sigue siendo un desafío importante para el gobierno.
Otros temas incluyen la Operación Falcón, irregularidades con las tarjetas sociales, problemas en el Merca Santo Domingo, la venta de armas ilegales y el robo millonario en Agricultura. Asimismo, el proyecto de generación eléctrica en Montecristi, la conversión en empresa pública de Punta Catalina, la constitución de fideicomisos de los terrenos del CEA, las miles de pensiones solidarias y la compra de transformadores chinos en EDESUR denunciada por Marranzini.
La encuesta de Cultura Democrática revela que un 67.3 % de la población cree que el país está gobernado por grupos de poder que buscan su propio beneficio. Esta percepción refleja la desilusión ciudadana ante la falta de resultados concretos en la lucha contra la corrupción. La transparencia, en lugar de ser una realidad palpable, se ha quedado en promesas incumplidas.
En conclusión, aunque el presidente Luis Abinader ha colocado la transparencia y la lucha contra la corrupción en el centro de su discurso político, los hechos indican que estos esfuerzos no han sido efectivos. Los múltiples escándalos de corrupción surgidos durante su administración, sumados a la falta de sanciones judiciales contundentes, demuestran que la corrupción sigue siendo un problema profundo en el gobierno. Hasta que no haya sanciones ejemplares, la promesa de transparencia corre el riesgo de ser percibida como una estrategia política más, vacía de acciones reales.
