Por Frank Valenzuela
El gobierno del presidente Luis Abinader ha presentado al Congreso Nacional un ambicioso proyecto de reforma fiscal denominado «Ley de Modernización Fiscal». Esta propuesta busca incrementar los ingresos gubernamentales en aproximadamente RD$122,486.6 millones anuales, a través de aumentos impositivos y la eliminación de exenciones fiscales a diversos sectores productivos. Aunque el objetivo es fortalecer las finanzas públicas y ampliar la inversión en infraestructura y programas sociales, es crucial analizar el impacto que estas medidas podrían tener en la economía nacional, la población y los indicadores económicos clave.
En primer lugar, la reforma propone eliminar incentivos fiscales a sectores como el turismo, el cine, las zonas francas y la industria textil. Estos sectores han sido motores significativos del crecimiento económico y la generación de empleo en el país. La eliminación de estos incentivos podría reducir la competitividad internacional de la República Dominicana, afectando negativamente la inversión extranjera directa y la creación de empleos, especialmente en zonas donde estos sectores tienen una presencia dominante.
El aumento de impuestos directos e indirectos, incluyendo el Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), podría tener un efecto inflacionario. Al incrementarse los costos de producción y los precios de bienes y servicios, la inflación podría acelerarse, reduciendo el poder adquisitivo de la población, especialmente de los sectores de menores ingresos. Aunque el gobierno propone aumentar las ayudas sociales y el salario mínimo para mitigar este impacto, es posible que estas medidas no sean suficientes para contrarrestar el aumento del costo de vida.
La población en general podría verse afectada por el aumento de impuestos en productos de consumo masivo, como bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas y el incremento del IVA en bienes y servicios actualmente exentos. Además, la eliminación de exenciones para compras por internet inferiores a US$200 podría encarecer el acceso a bienes importados, afectando a consumidores y pequeñas empresas que dependen de estos insumos.
En cuanto a los indicadores económicos, la reforma podría tener efectos mixtos. Por un lado, el aumento de ingresos fiscales podría mejorar el balance fiscal y reducir la necesidad de endeudamiento. Sin embargo, si las medidas impactan negativamente en la inversión y el consumo, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) podría desacelerarse. Un menor crecimiento económico implicaría menos generación de empleo y una posible reducción en los ingresos fiscales a mediano plazo.
La zona fronteriza de la República Dominicana, que ha recibido incentivos fiscales a través de la Ley de Desarrollo Fronterizo, podría ser particularmente afectada. La propuesta de modificar esta ley para exigir una inversión mínima de US$5 millones y una nómina de al menos 100 empleados podría desalentar a pequeñas y medianas empresas de establecerse en esta región. Esto podría aumentar la desigualdad regional y limitar las oportunidades de desarrollo en zonas que ya enfrentan desafíos económicos y sociales.
Los sectores productivos podrían enfrentar una mayor carga tributaria, lo que reduciría sus márgenes de ganancia y capacidad de reinversión. La eliminación de incentivos podría llevar a la deslocalización de empresas hacia otros países con condiciones fiscales más favorables. Además, el aumento en los costos operativos podría trasladarse a los precios finales, afectando aún más a los consumidores.
Para evitar «matar la gallina de los huevos de oro» de la economía dominicana, el gobierno podría considerar medidas alternativas. Una opción sería implementar una reforma fiscal más gradual y consultada con los sectores afectados, permitiendo una adaptación progresiva a los nuevos regímenes fiscales. Además, fortalecer la lucha contra la evasión y elusión fiscal podría aumentar los ingresos sin afectar negativamente la actividad económica.
Es esencial priorizar la eficiencia en el gasto público y reducir el gasto innecesario antes de aumentar la carga tributaria. La implementación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas podría mejorar la confianza de los contribuyentes en que sus aportes se están utilizando de manera efectiva para el desarrollo nacional.
El gobierno también podría fomentar la formalización de la economía, simplificando trámites y reduciendo barreras burocráticas para que más empresas y trabajadores ingresen al sector formal, ampliando así la base tributaria sin necesidad de aumentar las tasas impositivas.
En cuanto al impacto en la inflación, es vital que las autoridades monetarias y fiscales coordinen sus políticas para evitar presiones inflacionarias excesivas. Medidas como el control del gasto público y políticas monetarias prudentes pueden ayudar a mantener la estabilidad de precios.
Finalmente, es importante que el gobierno mantenga un diálogo abierto con todos los actores económicos y sociales. La participación de empresarios, trabajadores, sociedad civil y expertos en economía puede enriquecer el proceso y llevar a una reforma fiscal más equilibrada y sostenible.
En sentido general, un enfoque equilibrado que combine eficiencia en el gasto, combate a la evasión fiscal y medidas que no desincentiven la inversión y el consumo podría lograr los objetivos fiscales sin comprometer el crecimiento económico y el bienestar social.
