Por Frank Valenzuela
Manzanillo, Montecristi.- La reciente designación de Carlos Pimentel como Director Ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), mientras continúa como Director General de Contrataciones Públicas, ha desatado un extenso debate legal y social, que ha encontrado en la red social X (anteriormente Twitter) un espacio fervoroso de expresión. Entre cuestionamientos de figuras públicas, ciudadanos y partidos políticos, las redes han ardido en rechazo a lo que muchos consideran una violación de la Ley 47-20.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) fue de las primeras en expresar su rechazo, calificando el nombramiento como «ilegal» y una “afrenta a la institucionalidad”. Según esta organización, la ley establece que el director de la DGAPP debe ejercer funciones exclusivas y no puede ocupar otros cargos, salvo el ejercicio docente, y advierte que mantener el nombramiento comprometería la credibilidad de las instituciones.
Este anuncio generó una ola de respuestas en X, y el periodista Domingo Páez se sumó a las críticas cuestionando la ética de Pimentel. “¿Dónde está el fiscalizador social de antes? No se puede estar de los dos lados de la mesa,” expresó en un mensaje que generó cientos de reacciones. Francisco Medrano, periodista y comunicador, también expresó su preocupación al señalar que la simultaneidad de los cargos de Pimentel no es sostenible: “¿En qué momento ejercerá facultades de voz, y en cuál facultades de voto? Este choque de atribuciones es insostenible.”
A estas reacciones se unió Participación Ciudadana, organización que consideró que este nombramiento pone en riesgo la transparencia en la administración pública. Para esta entidad, las dos posiciones requieren dedicación completa y exigen que cada cargo esté ocupado por personas que trabajen de forma independiente, particularmente en temas de contrataciones, licitaciones y alianzas, ámbitos que involucran enormes recursos públicos.
La comunidad de X no tardó en amplificar estas preocupaciones. “Carlos Pimentel, ¿el mismo que antes denunciaba corrupción ahora viola la ley?”, escribió el usuario Jacobo Colón, quien sugirió que las motivaciones salariales pudieran estar detrás de la decisión. Otro usuario, Euric Santi, ironizó sobre el cambio de postura del funcionario, cuestionando: “¿Es justificando la violación a la ley que ahora tenemos al ‘más serio’ del país?”
La controversia no se limitó a la sociedad civil. Los partidos políticos también se sumaron al debate en X, donde líderes de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expusieron su postura. Raúl Martínez, secretario de asuntos jurídicos de la Fuerza del Pueblo, denunció que “este nombramiento elimina la fiscalización y control que debería haber entre las dos direcciones” y advirtió que esto representa “un asalto al diseño institucional del país”. Charles Mariotti, secretario general del PLD, recordó que el artículo 144 de la Constitución Dominicana y la Ley 47-20 son claros al prohibir esta doble función, una disposición que para el partido es esencial en la preservación de la eficiencia en la administración pública.
En X, la indignación continuó creciendo. El periodista Julio Martínez Pozo comentó: “Las advertencias de Antoliano Peralta fueron ignoradas. Este es un nombramiento antijurídico a conciencia,” refiriéndose a la advertencia previa del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, quien alertó sobre la improcedencia de esta designación. Avelino García, otro usuario, expresó en un tuit: “La nueva política de Pimentel parece la vieja política de siempre. ¡Qué decepción!”
Carlos Pimentel respondió al aluvión de críticas mediante un comunicado, justificando su doble función bajo el artículo 144 de la Constitución, que permitiría la ocupación de dos cargos siempre que solo uno sea remunerado. Sin embargo, las reacciones en X reflejan un fuerte desacuerdo. Federico Jovine expresó: “No es una cuestión de salario, es una cuestión de principios y legalidad. La ley 47-20 es clara, y esta acción la viola.”
En el contexto político, la reacción ha sido generalizada. Desde la cuenta de Somos Pueblo Media se cuestionó: “¿Es este el nivel de compromiso con la transparencia que queremos ver? ¿Para qué existen las leyes, si solo unos pocos pueden violarlas?” Esta opinión fue compartida por usuarios como Adonaida Medina, quien cuestionó si la decisión podría ser una maniobra para desviar la atención del descontento popular con otras medidas gubernamentales. “¿Acaso esto es una bola de humo para sacar el fracaso del bombazo fiscal de la agenda?”, preguntó en su tuit.
La presión social y política se mantiene al alza, y el debate sigue siendo tendencia en X. Julio Martínez Pozo advirtió sobre la repercusión de estas decisiones para la transparencia institucional y afirmó que esta doble designación era “inconcebible”. Al igual que él, Yanessi Espinal, periodista de investigación, también se sumó a la conversación indicando que, aunque Pimentel perciba solo un salario, el problema sigue siendo la incompatibilidad de las funciones, que la ley prohíbe explícitamente.
Ante el clamor público, FINJUS ha exigido que esta decisión sea rectificada, y que se cumpla estrictamente la ley, para salvaguardar la credibilidad de la administración pública. Para la mayoría de los usuarios en X, la situación ha sido descrita como una “contradicción flagrante” y una “burla a la institucionalidad”, evidenciando el descontento y la frustración de los ciudadanos.
El impacto de este nombramiento sigue generando controversias, y el rechazo en las redes sociales solo crece. Para la ciudadanía, se trata de una prueba de fuego para la administración pública dominicana, que debe demostrar su verdadero compromiso con la transparencia y el respeto a las leyes. Mientras tanto, el gobierno defiende la medida, asegurando que persigue la eficiencia en las contrataciones públicas y alianzas, aunque el debate está lejos de resolverse.
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