Por Frank Valenzuela
Santo Domingo, Rep. Dom.- En una alarmante denuncia publicada en su cuenta de Twitter, el pastor cristiano y candidato presidencial, Carlos Peña, ha revelado una preocupante situación que afecta la integridad de nuestro proceso electoral. Según sus declaraciones:
«Gobierno libera narcotraficantes vinculados al PRM que hasta anoche estaban bajo prisión, algunos domiciliarios. Andan recorriendo calles de sus provincias comprando votos. Vayan a la provincia El Seibo y confirmarán lo que yo, Carlos Peña, Candidato Presidencial de GenS informo. ¿Ustedes podrían explicarle al país qué hace el señor Maldonado, en ‘prisión’ por narcotráfico haciéndole campaña a Luís Abinader y al PRM ahora mismo en El Seibo?»
Esta denuncia pone en entredicho la transparencia y seguridad de nuestro sistema judicial y electoral. La presencia de individuos con antecedentes criminales en actividades tan cruciales como la compra de votos es una grave amenaza para la democracia y la justicia en nuestro país.
Delitos Electorales Según la Junta Central Electoral
La Junta Central Electoral (JCE) establece que la compra de votos es un delito electoral grave que puede acarrear severas sanciones, tanto para quienes realizan la compra como para los votantes que aceptan vender sus votos. Estos actos están claramente tipificados en la legislación electoral dominicana y son castigados con penas que incluyen multas y privación de libertad.
Implicaciones para el Proceso Electoral y la Democracia Dominicana
La gravedad de esta situación requiere una respuesta inmediata y contundente de las autoridades para salvaguardar la confianza del pueblo dominicano en sus instituciones. La existencia de estos delitos compromete la equidad del proceso electoral y socava los principios fundamentales de la democracia.
El pastor y candidato presidencial, Carlos Peña, exige una investigación exhaustiva y transparente por parte de las autoridades correspondientes para esclarecer estos hechos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales pertinentes. Además, hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante y denunciar cualquier irregularidad que pueda comprometer la legitimidad de las próximas elecciones.
Este incidente subraya la urgente necesidad de fortalecer nuestros mecanismos de control y vigilancia para proteger la democracia y garantizar que todos los actores políticos y sociales actúen dentro del marco de la ley. Es imperativo que se tomen las medidas necesarias para asegurar que el proceso electoral se desarrolle de manera limpia y justa, libre de cualquier tipo de manipulación o corrupción.
La respuesta y acción de las autoridades frente a estas denuncias serán cruciales para mantener la confianza pública en el sistema electoral y en la democracia dominicana.
