Santo Domingo, 7 mar (Prensa Latina) La Fundación Primero Justicia presentó hoy un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo de República Dominicana en contra de la resolución que privatiza los servicios de Hemodiálisis en los hospitales del Estado.
Miguel Surún Hernández, en representación del grupo, calificó dicha normativa como “una condena de muerte” para los pacientes renales de escasos recursos, pues su vida dependerá de la decisión del propietario del servicio.
“Lo grave del caso es que, de conformidad con la propuesta de privatización aprobada por el Estado, las ganancias del sector privado ascenderían a miles de millones de pesos, mientras que sobre el Gobierno se cargarán los espacios físicos y el pago del personal técnico y de enfermería».
Alertó que a favor de los particulares quedará prácticamente todo el dinero que genere dicho servicio, “lo cual es un despropósito contra los intereses de la Nación”.
El jurista indicó, además, que la disposición es contraria al artículo 61 de la Constitución de la República Dominicana, que garantiza el derecho a la salud, el cual se viola con las personas más desposeídas.
Recordó que el Estado ha realizado cuantiosas inversiones en la adquisición de máquinas de hemodiálisis “las cuales van a ser entregadas en favor del sector privado…”.
Hernández denunció que «a los privados se les entregará el cobro de los servicios y al pueblo la obligación de pagar».
La Fundación Primero Justicia dijo esperar que el Tribunal Superior Administrativo actúe en consecuencia, dejando sin efecto lo que calificó como «un atentado contra la salud de los pacientes renales dominicanos de escasos recursos económicos».
El año pasado el Ministerio de Salud informó que en el país hay 109 centros de diálisis, (28 públicos y 81 privados), que asisten a más de cinco mil pacientes, mientras unos 500 enfermos estaban en lista de espera para recibir un trasplante de riñón.
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