MIAMI (AP) — Donald Trump fue acusado formalmente de mal manejo de documentos clasificados en su finca de Florida, un hecho notable que lo convierte en el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en enfrentar cargos penales de parte del gobierno federal del que alguna vez estuvo al frente.
El Departamento de Justicia tenía previsto hacer el encausamiento público por siete cargos antes de una comparación histórica la semana entrante, en medio de las actividades de campaña presidencial con vistas al 2024 acentuadas por diversas acciones judiciales penales en múltiples estados.
La acusación formal conlleva consecuencias legales extremadamente graves, incluida la posibilidad de prisión en caso de ser condenado.
Pero también tiene enormes consecuencias políticas, posiblemente llegardo las primarias republicanas rumbo a la presidencia que Trump ha estado dominando y poniendo nuevamente a prueba la disposición de los votantes y líderes del Partido Republicano para consolidar al lado de un candidato que ahora ha sido encausado en dos ocasiones y que aún podría enfrentar más cargas. El proceso abre la puerta para un juicio sensacional en torno a las sospechas de que el hombre al que alguna vez se le confiaron los secretos más importantes de la nación acaparó de manera intencional e información ilegal delicada para la seguridad nacional.
El caso se suma a los peligros legales que corre Trump, que ya ha sido encausado en Nueva York y se enfrenta a investigaciones adicionales en Washington y Atlanta que también podrían dar lugar a cargos penales. Pero entre las múltiples pesquisas que enfrentan, los expertos legales — y los propios colaboradores de Trump — habían considerado desde hace tiempo a la de Mar-a-Lago como la amenaza más grave y la más propicia para ir a juicio. Sus colaboradores de campaña se han estado preparando para las consecuencias desde que se le notificó a los abogados de Trump que el expresidente era objeto de una investigación, asumiendo que no era cuestión de si se le presentarían cargos, sino de cuándo.
El abogado de Trump, James Trusty, declaró a CNN la noche del jueves que el acta acusatoria incluye cargos de retención intencional de información de defensa nacional — un delito establecido en la ley de Espionaje que rige el manejo de secretos gubernamentales — Obstrucción, declaraciones falsas y asociación delictuosa.
El caso es un hito para un Departamento de Justicia que ha investigado a Trump durante años —como presidente y ciudadano civil— pero nunca antes lo había acusado de un crimen. La investigación más notable fue una pesquisa previa de una fiscalía especial sobre los vínculos de su campaña rumbo a 2016 y Rusia, pero los fiscales en ese caso mencionan la política del Departamento de Justicia que recomienda no encausar a un presidente en funciones. Sin embargo, una vez que dejó el cargo perdió esas protecciones.
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