Por Frank Valenzuela
Manzanillo, Montecristi. – En medio de un panorama desolador y angustiante, 46 familias de Pueblo Nuevo en Manzanillo, libran una batalla impensable por su derecho a un hogar. La edificación de un muro fronterizo amenaza con arrasar sus viviendas, desplazar a los residentes y desmantelar la vida que han conocido y cultivado durante generaciones.
Según los residentes, no sólo enfrentan un inminente desalojo, sino que la compensación que se les ofrece resulta insultante: se pretende pagar el metro de terreno a un precio irrisorio de 700 pesos, en un mercado donde los precios oscilan entre 1,500 y 3,000 pesos, haciendo prácticamente imposible que estas familias puedan adquirir un nuevo solar.
Aseguran que, en Manzanillo, en la actualidad, cualquier solar cuesta un millón de pesos. En esas condiciones, ¿qué va a pasar a quienes se les ofrece 330,000 pesos por el valor de sus terrenos?
Como si esta situación no fuera suficientemente preocupante, la promesa de una reunión crucial que sería facilitada por el senador Moreno Arias y la gobernadora de la provincia, Nelsy Cruz, promesa que representaba una chispa de esperanza para estas familias, ha quedado en el olvido, sumiéndose aún más en la incertidumbre y desesperación.
Los residentes aseguran que estos funcionarios nunca lograron concretar el encuentro prometido con el presidente y, lo que es peor, han abandonado por completo a estas familias, sin regresar para visitarlas o buscar una solución a la grave situación. Con sueños aplastados y promesas rotas, los residentes de Pueblo Nuevo enfrentan una lucha solitaria y desesperada por justicia y dignidad.
Nos han ido llamando uno por uno, actualmente, porque supuestamente habían hecho un reajuste a los precios, pero la sorpresa fue que bajaron los precios a las casas de bloque y, supuestamente, subieron las de madera.
Nos están coaccionando diciendo que firmemos ya que lo que sigue es el muro. Nos han dicho que de cualquier forma, aquellos que no firmen, el dinero se depositará supuestamente en una cuenta y luego procederán a desmantelar las casas.
«Ahora es que esta gente se está burlando de nosotros», dice una de las residentes afectadas. Este sentimiento de indignación y de sentirse ignorados por las autoridades es compartido por muchas de las familias que se enfrentan a la pérdida de sus hogares.
Los dueños de los terrenos advierten que no aceptarán el precio propuesto para la expropiación de sus propiedades. Consideran que están tasando el metro de terreno a un precio menor al de un plátano en el mercado.
Otra residente, que no quiso ofrecer su nombre por temor a represalias, reveló que nos aseguraron que nos iban a entregar un solar de una tarea de tierra y eso solo ha sido un entretenimiento porque nada de eso aparece.
Las familias que han construido su vida y su comunidad en Pueblo Nuevo denunciaron con vehemencia esta flagrante ofensa a sus derechos humanos. La falta de respeto, la insensibilidad y la injusticia a las que se enfrentan son indignantes. Los oficiales a cargo han optado por reuniones individuales, un truco transparente que parece diseñado para dividir y conquistar, en lugar de proporcionar una plataforma para un diálogo abierto y equitativo.
«Nos están engañando, ignorando nuestros derechos y nuestra dignidad», expresó una residente afectada. Este sentimiento de desesperación y desprecio se refleja en toda la comunidad de Pueblo Nuevo, con familias unidas en su determinación de luchar por la justicia.
Ante esta creciente crisis, las familias de Pueblo Nuevo han emitido una advertencia: están preparadas para tomar las calles en protesta. No se quedarán de brazos cruzados mientras sus hogares, su seguridad y sus vidas son arrebatados por una burocracia insensible.
Por lo tanto, hicieron un llamado urgente al presidente Luis Abinader. Estas familias desesperadas necesitan su intervención. Requieren una solución equitativa, un trato justo y un lugar seguro donde puedan reconstruir sus vidas.
Este es un grito desesperado por la justicia. Las familias de Pueblo Nuevo merecen más que promesas vacías y compensaciones insuficientes. Exigimos respeto por sus derechos, por su dignidad y por su deseo de mantenerse en su comunidad y en su entorno.
