WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Joe Biden conversó el jueves con su homólogo colombiano Gustavo Petro en la Casa Blanca en un contexto de profundas diferencias sobre Venezuela y sobre la política de Estados Unidos contra las drogas, pero con un deseo compartido de profundizar la cooperación con respecto al cambio climático, la migración y la política energética.
En declaraciones a la prensa al iniciar su reunión en la Oficina Oval, ambos gobernantes intentaron mantener el enfoque en las áreas en las que sí están de acuerdo, las cuales incluyen fortalecer sus democracias y construir economías menos dependientes de combustibles que generan carbono.
“Estamos en un mismo río, en un río que nos lleva cada vez más a una mayor democracia y a una mayor libertad”, declaró Petro. “Así que tenemos una agenda común y mucho trabajo por hacer”.
Biden dijo que sus países comparten la meta de construir un hemisferio occidental “unido, igualitario, democrático y económicamente próspero”.
“Colombia es clave para el hemisferio”, manifestó.
Ambos incluso bromearon sobre sus edades: Petro cumplió 63 años el miércoles, mientras que Biden, de 80 años, es el presidente de edad más avanzada en la historia de Estados Unidos. Pero su diálogo ante las cámaras versó sobre algunas de las crecientes diferencias entre Washington y Bogotá.
Petro ha criticado duramente las iniciativas encabezadas por Estados Unidos para prohibir la cocaína. En un discurso en las Naciones Unidas el año pasado, declaró que el consumo de petróleo promovido por las potencias mundiales es más letal que la cocaína, y afirmó que la guerra contra las drogas ha fracasado.
Durante su visita a la Casa Blanca, Petro se abstuvo de criticar abiertamente a Estados Unidos. Después de la reunión les dijo a los reporteros que ambas partes dialogaron en torno a sus gestiones para una reforma agraria y para un cambio en la política antinarcóticos.
En un momento en que la producción de cocaína en Colombia sigue aumentando, el gobierno de Petro se ha mostrado renuente a erradicar los campos de coca plantados por pequeños agricultores. El mandatario colombiano dice que prefiere perseguir a los que lavan dinero y a los narcotraficantes a gran escala en lugar de quitarle su sustento a los campesinos que viven en zonas aisladas.
“Lo articulamos en medio de la construcción de una política sobre las drogas mucho más eficaz: que el campesinado pueda tener mejores garantías y condiciones para producir cualquier cosa diferente a la hoja de coca”, manifestó.
El nuevo enfoque ha sido criticado por funcionarios estadounidenses, que desde hace tiempo han abogado por la erradicación de los sembradíos de coca en Colombia como parte de las labores para socavar a los cárteles del narcotráfico y hacer que se debilite su poder en ciertas partes del país.
Con el fin de orquestar acuerdos de paz con grupos insurgentes, Colombia tendrá que cancelar las órdenes de arresto contra dirigentes rebeldes que son buscados en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. La nación sudamericana desea gastar millones de dólares en proyectos de desarrollo económico en áreas rurales que han padecido violencia desde hace mucho tiempo, y quiere apoyo estadounidense en ese frente.
Petro, que fue elegido el año pasado, se encuentra en medio de un ambicioso intento de llevar la “paz total” a su nación de 50 millones de habitantes después de seis décadas de conflicto.
Un acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia redujo la violencia en gran parte del país. Pero los homicidios y el desplazamiento forzado han aumentado en algunas zonas aisladas, donde grupos más pequeños comenzaron a pelear por las rutas del narcotráfico, las minas ilegales y otros recursos abandonados por las FARC.
En la presidencia de Petro, la política de Colombia hacia el gobierno de Venezuela ha cambiado. Bogotá ya no respalda los planes encabezados por Estados Unidos para aislar al presidente venezolano Nicolás Maduro y obligarlo a renunciar o a convocar a nuevas elecciones. En lugar de ello, el gobierno de Petro ha entrado en contacto con Maduro, ha sostenido reuniones bilaterales y reanudó las relaciones diplomáticas.
WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Joe Biden conversó el jueves con su homólogo colombiano Gustavo Petro en la Casa Blanca en un contexto de profundas diferencias sobre Venezuela y sobre la política de Estados Unidos contra las drogas, pero con un deseo compartido de profundizar la cooperación con respecto al cambio climático, la migración y la política energética.
En declaraciones a la prensa al iniciar su reunión en la Oficina Oval, ambos gobernantes intentaron mantener el enfoque en las áreas en las que sí están de acuerdo, las cuales incluyen fortalecer sus democracias y construir economías menos dependientes de combustibles que generan carbono.
“Estamos en un mismo río, en un río que nos lleva cada vez más a una mayor democracia y a una mayor libertad”, declaró Petro. “Así que tenemos una agenda común y mucho trabajo por hacer”.
Biden dijo que sus países comparten la meta de construir un hemisferio occidental “unido, igualitario, democrático y económicamente próspero”.
“Colombia es clave para el hemisferio”, manifestó.
Ambos incluso bromearon sobre sus edades: Petro cumplió 63 años el miércoles, mientras que Biden, de 80 años, es el presidente de edad más avanzada en la historia de Estados Unidos. Pero su diálogo ante las cámaras versó sobre algunas de las crecientes diferencias entre Washington y Bogotá.
Petro ha criticado duramente las iniciativas encabezadas por Estados Unidos para prohibir la cocaína. En un discurso en las Naciones Unidas el año pasado, declaró que el consumo de petróleo promovido por las potencias mundiales es más letal que la cocaína, y afirmó que la guerra contra las drogas ha fracasado.
Durante su visita a la Casa Blanca, Petro se abstuvo de criticar abiertamente a Estados Unidos. Después de la reunión les dijo a los reporteros que ambas partes dialogaron en torno a sus gestiones para una reforma agraria y para un cambio en la política antinarcóticos.
En un momento en que la producción de cocaína en Colombia sigue aumentando, el gobierno de Petro se ha mostrado renuente a erradicar los campos de coca plantados por pequeños agricultores. El mandatario colombiano dice que prefiere perseguir a los que lavan dinero y a los narcotraficantes a gran escala en lugar de quitarle su sustento a los campesinos que viven en zonas aisladas.
“Lo articulamos en medio de la construcción de una política sobre las drogas mucho más eficaz: que el campesinado pueda tener mejores garantías y condiciones para producir cualquier cosa diferente a la hoja de coca”, manifestó.
El nuevo enfoque ha sido criticado por funcionarios estadounidenses, que desde hace tiempo han abogado por la erradicación de los sembradíos de coca en Colombia como parte de las labores para socavar a los cárteles del narcotráfico y hacer que se debilite su poder en ciertas partes del país.
Con el fin de orquestar acuerdos de paz con grupos insurgentes, Colombia tendrá que cancelar las órdenes de arresto contra dirigentes rebeldes que son buscados en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. La nación sudamericana desea gastar millones de dólares en proyectos de desarrollo económico en áreas rurales que han padecido violencia desde hace mucho tiempo, y quiere apoyo estadounidense en ese frente.
Petro, que fue elegido el año pasado, se encuentra en medio de un ambicioso intento de llevar la “paz total” a su nación de 50 millones de habitantes después de seis décadas de conflicto.
Un acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia redujo la violencia en gran parte del país. Pero los homicidios y el desplazamiento forzado han aumentado en algunas zonas aisladas, donde grupos más pequeños comenzaron a pelear por las rutas del narcotráfico, las minas ilegales y otros recursos abandonados por las FARC.
En la presidencia de Petro, la política de Colombia hacia el gobierno de Venezuela ha cambiado. Bogotá ya no respalda los planes encabezados por Estados Unidos para aislar al presidente venezolano Nicolás Maduro y obligarlo a renunciar o a convocar a nuevas elecciones. En lugar de ello, el gobierno de Petro ha entrado en contacto con Maduro, ha sostenido reuniones bilaterales y reanudó las relaciones diplomáticas.
Petro ha pedido que se cancelen las sanciones a compañías y funcionarios del gobierno venezolano y que se reanuden las conversaciones para que haya reformas democráticas en Venezuela. Su gobierno será anfitrión de una cumbre internacional sobre Venezuela la próxima semana.
Tras la reunión, Petro les dijo a los periodistas que abogaba por “una desactivación paulatina y progresiva de sanciones, de tal manera que llegáramos a una meta que al final es que el pueblo decida libremente, sin sanciones, sin presiones, su propio destino”.
John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo previamente que el gobierno de Biden “revisaría” sus políticas de sanciones “en respuesta a pasos constructivos por parte del régimen de Maduro y a si las partes venezolanas pueden hacer avances significativos” en volver a la democracia.
El gobierno de Colombia y el mayor grupo insurgente que queda en el país, el Ejército de Liberación Nacional, de inspiración comunista, iniciaron conversaciones en noviembre, poco después de que Petro ganara las elecciones. Petro ha dicho que el diálogo con el ELN es una piedra angular de sus intentos para solucionar un conflicto que se remonta a la década de 1960.
Algunas áreas rurales de Colombia siguen bajo el control de bandas de narcotraficantes y grupos rebeldes pese al acuerdo de paz logrado en 2016 con las FARC, de mayor tamaño que el ELN.
Ciertos legisladores estadounidenses también han criticado el acercamiento de Petro a Maduro y al presidente cubano Miguel Díaz-Canel.
En una publicación en Medium antes de la visita del presidente colombiano, el senador republicano Marco Rubio alegó que Petro se equivoca al pensar que los gobiernos de Venezuela y Cuba utilizarán la influencia que tienen sobre el ELN en favor de Colombia. Fuerzas de seguridad venezolanas han llevado a cabo operaciones conjuntas con el ELN en contra de exmiembros de las FARC en las fronteras que comparten ambos países. Cuba ha sido anfitriona de conversaciones entre funcionarios colombianos y el ELN.
“Pero es una insensatez, porque los dictadores condenados al ostracismo internacional no tienen nada que ganar con una mayor estabilidad en la región”, escribió Rubio.
Ambos gobiernos han cooperado en asuntos de migración.
Estados Unidos, Panamá y Colombia anunciaron el mes pasado que iniciarán una campaña de 60 días enfocada en detener la migración ilegal a través de la selva del Darién entre Colombia y Panamá, donde el flujo de migrantes se ha multiplicado este año.
El anuncio se llevó a cabo en un momento en que el gobierno de Biden aguarda el fin del Título 42 para el 11 de mayo, una norma bajo que suspendió el derecho de muchos a solicitar asilo. Sin ese instrumento de disuasión en la frontera estadounidense, hay preocupación de que las llegadas de migrantes vuelvan a tornarse inmanejables.
Colombia ha visto ingresar a su territorio a más de 2,4 millones de refugiados venezolanos, lo que ha puesto a prueba la capacidad de hospitales, instituciones educativas y otra infraestructura, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Biden le agradeció a Petro “por la hospitalidad y apoyo que Colombia les sigue mostrando a los refugiados venezolanos”.
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Suárez reportó desde Bogotá y García Cano desde Caracas. El periodista de The Associated Press Chris Megerian contribuyó a este despacho.
