Cientos de demandas que alegan abuso por parte de sacerdotes y otras personas en la diócesis han salido a la luz después de que California levantó el estatuto de limitación
La Diócesis Católica Romana de San Diego ha dicho que podría declararse en bancarrota en los próximos meses, ya que enfrenta costos legales «asombrosos» al tratar con unas 400 demandas que alegan que sacerdotes y otras personas en la diócesis abusaron sexualmente de niños.
En una carta que se esperaba que se compartiera con los feligreses este fin de semana, el obispo Robert McElroy dijo que los casos se presentaron después de que California levantó un estatuto de limitaciones sobre las denuncias de abuso sexual infantil.
El proyecto de ley 218 de la Asamblea, que se convirtió en ley en 2019, permite a las presuntas víctimas demandar hasta los 40 años. Además, a partir de 2020, abrió una ventana de tres años para presentar demandas sin límites de edad.
La mayoría de los presuntos abusos citados en las demandas tuvieron lugar hace entre 50 y 75 años, y el primer reclamo data de 1945, dijo Kevin Eckery, director de comunicaciones de la diócesis, en una conferencia de prensa el viernes, informó KNSD-TV.
Eckery predijo que a la diócesis le costaría 550 millones de dólares resolver los casos, ninguno de los cuales ha ido a juicio.
En su carta, el obispo dijo que ninguna de las demandas involucra acusaciones contra ningún sacerdote que esté actualmente en servicio.
“Esto refleja la realidad de que la iglesia ha dado pasos enormes para erradicar el abuso sexual de menores en su vida y promover la protección de los menores”, escribió McElroy.
Aun así, la diócesis enfrenta costos legales «asombrosos» y la mayoría de sus activos se utilizaron para resolver acusaciones anteriores con un pago de $ 198 millones en 2007, escribió McElroy.
“Incluso con el seguro, la diócesis no podrá pagar sumas similares ahora”, decía la carta. “Este desafío se ve agravado por el hecho de que ahora se ha presentado un proyecto de ley en la legislatura que busca eliminar el estatuto de limitaciones por completo, dejando a la diócesis vulnerable a posibles demandas para siempre”.
La bancarrota “proporcionaría un camino” para que la diócesis compense a las víctimas de abuso sexual mientras continúa administrando sus ministerios, dijo el obispo.
La diócesis tiene más de 100 sacerdotes activos y cubre los condados de San Diego e Imperial, un área de más de 8,800 millas cuadradas con una población católica de casi 1,4 millones, según su sitio web.
The Guardian