Por Andrea BAMBINO
Durante su campaña, el presidente estadounidense, Joe Biden, defendió la abolición de la pena de muerte a nivel federal. Pero el Departamento de Justicia ha pedido este castigo para Sayfullo Saipov, que mató a ocho personas, entre ellas cinco argentinos, en Nueva York en 2017 en nombre del grupo Estado Islámico.
El 26 de enero, un jurado de una corte federal de Manhattan declaró culpable de homicidio agravado y de «apoyo a grupo terrorista» a este uzbeco de 35 años.
En un segundo juicio que comenzará este lunes, los mismos 12 miembros del jurado deberán decidir si lo condenan a pasar el resto de su vida en la cárcel oa la pena capital.
Si optan por esta última, tendrán que hacerlo por unanimidad.
El 31 de octubre de 2017, en Halloween, Sayfullo Saipov se subió a una camioneta de alquiler, la lanzó sobre el carril de bicis a orillas del Hudson y mató a ocho personas, entre ellas, cinco argentinos y un belga, e hirió al menos a otras 18.
En el juicio, las víctimas rememoraron recuerdos dolorosos y la acusación subrayó que Saipov, que había jurado lealtad al Estado Islámico, nunca ha manifestado arrepentimiento.
– Corredor de la muerte –
El entonces presidente Donald Trump pidió inmediatamente la pena de muerte, una posición adoptada por su secretario de Justicia de la época, y que mantiene el actual.
«No es demasiado tarde para que la administración Biden cumpla la promesa de campaña del presidente de enviar al tacho de basura de la historia la pena de muerte federal», un instrumento «cruel», «poco confiable» y «racista», dice el director adjunto del Proyecto Pena de Muerte de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), Brian Stull, que pide a los fiscales que den marcha atrás.
Hasta ahora, una apelación no ha tenido éxito, pese a que en julio de 2021 el secretario de Justicia Merrick Garland impuso una moratoria a las ejecuciones federales, tras las 13 que probablemente Donald trump al final de su presidencia, un registro.
En un país donde se registran en torno a una veintena de ejecuciones al año, la mitad que hace una década, en lo que va de 2023 se han registrado seis. 27 estados mantienen la pena capital.
Organizaciones defensoras de derechos humanos critican a Biden por no haber conmutado por cadena perpetua las sentencias de los 44 condenados que esperan en el corredor de la muerte federal, apuntando precisamente al riesgo de que sean ejecutados bajo otro presidente en el futuro.
– Arbitrario –
En un escrito del 30 de enero, el abogado de Sayfullo Saipov, David Patton, asegura que su cliente «es el único acusado federal de todo el país contra el que el departamento de Justicia pide la pena de muerte en un juicio», a diferencia de otros casos donde ha habido más víctimas, como la matanza de El Paso en 2017, con 23 muertos.
Para el abogado, se trata de una decisión «arbitraria», que se basa en la «religión y en el origen» de este inmigrante uzbeco que llegó a Estados Unidos en 2010.
Según los analistas, la excepción se debería más bien al carácter terrorista del caso. En el caso del atentado con bomba del maratón de Boston de 2013, el departamento de Justicia no bloqueó un pedido de la administración Trump para que el Tribunal Supremo restableciera la pena de muerte contra Djokhar Tsarnaev, uno de los autores.
«En esta estrecha área del derecho penal, en la lidiamos con actos terroristas horribles, el fiscal general cree en su mente y en su corazón que la pena de muerte es un castigo apropiado», dice el profesor de derecho de la Universidad de Pace y exfiscal general Bennett Gershman.
Si fuera condenado a muerte, Sayfullo Saipov puede apelar, lo que alargaría el proceso años, y de todos modos no sería ejecutado debido a la moratoria actual.
«Este caso va a tardar años, tendrá un costo económico y las familias quedarán en la incertidumbre. (…) Ya que no la estamos usando, ¿por qué no eliminar la pena de muerte?», se pregunta el director ejecutivo de la organización Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Richard Dieter, subrayando que el instrumento está «en retirada» en el país.
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