La organización sin fines de lucro urge ayuda para continuar brindando servicios a una de las poblaciones más invisibilizadas en la isla
Mujeres migrantes -provenientes de sobre una veintena de países de Latinoamérica, Europa y Asia- han tocado la puerta del Centro de la Mujer Dominicana, en Río Piedras, en busca de ayuda para escapar de la violencia de género.
La mayoría de estas mujeres llaman directamente al Centro o son referidas por los tribunales, la Policía u otras participantes, indicó la directora ejecutiva de la organización, Romelinda Grullón, al destacar los retos económicos que enfrentan para seguir brindando servicios a esta población invisibilizada en Puerto Rico.
“No solo atendemos a mujeres dominicanas, tenemos mujeres de otras poblaciones, como Haití, Colombia, El Salvador Perú, Venezuela, entre otros países”, dijo Grullón, en entrevista con El Nuevo Día, sobre el perfil de las participantes que reciben servicios del Centro.
Aunque en Puerto Rico no existe una estadística oficial sobre esta población, el estudio “Género, migración y violencia” identificó, en 2016, a mujeres migrantes en esta situación aquí provenientes de 25 países, entre ellos, Venezuela, Colombia y México, de las cuales 80% eran de nacionalidad dominicana. También, se identificaron mujeres que provienen de países cuyo idioma principal no es el español ni el inglés.
PUBLICIDAD
Grullón dijo que actualmente el Centro de la Mujer Dominicana atiende a “cientos” de mujeres, incluidas puertorriqueñas, porque los servicios que ofrecen conllevan seguimientos que pueden tardar años.
El Centro, única organización en Puerto Rico que se enfoca en mujeres migrantes, ofrece servicios de trabajo social, terapia sicológica individual, asesoría e intercesoría legal, talleres de sanación, cursos de una diversidad de temas, entre otros.
La organización recibe asignaciones de fondos por parte de diferentes entidades, como la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el Departamento de Justicia (a través de iniciativas federales), el Fondo de Acceso a la Justicia, donativos legislativos y también del Banco Popular, pero no son recurrentes, por lo que dependen de la realización de propuestas. No se precisó con cuánto presupuesto operan.
Además de una asignación mayor de fondos, Grullón enfatizó en la necesidad de ampliar la planta física de la sede para seguir brindando servicios de calidad e implementar programas educativos y adiestramientos. Distintas administraciones de gobierno han prometido apoyar para conseguir un nuevo espacio, pero nada se ha concretado.
“La pandemia (de COVID-19) ha sido bien fuerte. La violencia doméstica no está disminuyendo. Se ha visto un incremento y todavía persiste. Hace falta mucho trabajar en el área de educación, prevención… y sí hay limitaciones de fondos”, puntualizó Grullón, quien lidera un equipo compuesto por 16 empleadas.
Carolina Garbanzo, natural de Costa Rica, da fe de los servicios que ofrece el Centro. La comerciante de 42 años contó que llegó a la organización en busca de internet en medio de una situación de acoso por parte de su exesposo, tras enfrentar diferencias por la custodia de una de sus hijas.
PUBLICIDAD
Antes de llegar al Centro, tocó las puertas de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y otros entes gubernamentales sin encontrar ayuda para su problema. “No tenía apoyo, no sabía cómo encontrarlo… y me encontraba en una situación incómoda con mi hija”, relató la mujer.
“Mi apoyo en Puerto Rico”
Garbanzo contó que todo cambió cuando llegó al Centro y comenzó a recibir ayuda, que incluía apoyo sicológico, terapias grupales y asesoría legal. “Actualmente, tengo la custodia provisional de mi hija”, expresó agradecida.
“Para mí, la fundación (el Centro), me pongo emocional, es mi apoyo en Puerto Rico. Yo, como extranjera, llamé a todas las agencias. Si no fuera por la fundación (el Centro), no nos ayuda nadie”, manifestó Garbanzo con la voz entrecortada.
Criticó, a su vez, la labor que realizó un trabajador social de Departamento de la Familia, quien, según dijo, rindió un informe “vacío” mientras se dilucidaba el caso de custodia en corte.
Indicó que, desde el día que llamó al Centro, comenzaron a monitorearla y darle seguimiento a su caso. “Las trabajadoras sociales son excelentes, están pendientes de mí. Les debo todo”, afirmó. Agregó que también “movieron cielo y tierra” para conseguirle una orden de protección para ella y su hija.
Como parte de su proceso, Garbanzo compartió que ha tomado cursos sobre cultura, racismo, empoderamiento de la mujer y artesanía. No solo ha sido alumna, sino que, con su conocimiento de pintura, ha impartido talleres a otras participantes del Centro sobre cómo pintar mandalas (figuras y formas geométricas concéntricas que representan la espiritualidad).
Más recientemente, fue invitada a tomar un curso de computadoras. “Las muchachas me siguen apoyando”, dijo, en referencia a las empleadas de la organización, la madre de dos niñas de 12 y 7 años.
Amenaza de deportación
Por el contrario, Amarilys de los Santos comenzó a recibir servicios del Centro desde 2015. Dos años después, la situación cambió cuando enfrentó una situación de violencia doméstica.
De los Santos llegó a Puerto Rico desde República Dominicana hace 20 años. Su padre la ayudó a viajar a la isla para que escapara de la violencia de su primer esposo, al que describió como un hombre “bien maltratante”. “Me tenía zozobrada, no me dejaba en paz”, dijo.
En Puerto Rico, entabló una nueva relación con un boricua, y volvió a ser víctima de violencia de género. “Cuando tú no aprendes a (identificar) una conducta, vuelves y repites”, dijo la mujer, quien trabaja como empleada doméstica.
“Este era casi igual que el otro… me tenía amenazada de deportación”, dijo De los Santos, en referencia a que, en ese momento, tenía un estatus migratorio irregular. “Hace 20 años que no voy a Dominicana”, dijo la madre de tres hijos.
Hoy, no solo salió de esa relación abusiva, sino que el Centro la ayudó a conseguir su residencia legal al amparo de la Ley federal de Violencia contra la Mujer, conocida como VAWA por sus siglas en inglés, un proceso que puede ser complejo y extenderse por años.
Al igual que Garbanzo, De los Santos contó que se ha beneficiado de los talleres que ofrece el Centro. En su caso, indicó que ha tomado cursos de cocinar, de turbantes, de pintar botellas, de hacer muñecas y de sanación, y está considerando tomar los nuevos ofrecimientos en el área de computadoras. Agradeció, a su vez, el apoyo sicológico y la asesoría legal recibida.
“En estos días, me dieron de alta con sicólogo una vez a la semana o cada 15 días”, manifestó complacida.
Estos testimonios se suman a casos recientes que han recibido amplia discusión pública, como el de la joven dominicana Elianni Bello Gelabert, quien fue apresada y enfrentó un cargo por negligencia que fue archivado por el presunto abandono de su bebé frente a la casa del padre de la menor. En ese incidente, la mayoría de las miradas incriminadoras se posaron sobre ella y no sobre su expareja. Actualmente, Bello Gelabert atraviesa otro proceso de violencia de género y maltrato infantil tras una presunta disputa con su expareja.
Asimismo, se conoció del caso de Jenny de la Cruz, una dominicana residente en Puerto Rico, quien es víctima de enajenación parental y no ha visto a sus hijos por los pasados dos años. La mujer ha denunciado ser víctima de discrimen racial y de género y de un sistema judicial con procesos lentos y burocráticos.
Play Video
Madre dominicana lucha en los tribunales para recuperar la custodia de sus hijos
Jenny de la Cruz Báez narra la batalla legal que libra contra su expareja, quien le radicó querellas de supuestos actos de maltrato y actos lascivos contra los menores.
Múltiples violencias
Para Elithet Silva Martínez, catedrática asociada de la Escuela de Trabajo Social Beatriz Lassalle de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras y experta en este tema, los desafíos para esta población son múltiples. “Por ser mujeres, por ser mujeres migrantes y porque, en muchos casos, no tienen los medios para recibir el acceso a los servicios”, explicó la investigadora.
“Si bien en Puerto Rico hay lugares oasis, la verdad es que no hay suficientes centros para ofrecerles (a la mujeres migrantes) el acompañamiento que requieren. Es un escenario de múltiples violencias, no solo interpersonal, sino que, a veces, comienzan desde su niñez, en la travesía para llegar aquí…”, expuso la académica.
Silva Martínez, junto a Grullón y la investigadora Noelia Delgado, presentaron un artículo titulado “El trabajo con mujeres inmigrantes desde el feminismo interseccional”, que revela las distintas formas de “opresión, discriminación y abuso” contra esta población, que ha recibido servicios del Centro.
“Muchísimas de ellas son mujeres negras, con bajo nivel educativo y económico, indocumentadas, víctimas de violencia doméstica y agresión sexual, acoso laboral, entre otros. Estas identidades las colocan en situaciones simultáneas de desigualdad en función de su raza, su género, clase social y estatus migratorio”, lee el artículo publicado en 2017.
El estudio destaca las implicaciones de la opresión y lo que significa para estas mujeres que les llamen “ilegales” por tener un estatus migratorio irregular. Silva Martínez recalcó a este diario que no se debe utilizar ese concepto porque “(una persona) ilegal es carente de todo derecho”, lo que tiene una carga deshumanizante.
“Lo escuchamos en conversaciones de la vida cotidiana, pero también se palpa en los espacios institucionales, donde la mal llamada ilegalidad permite que se deshumanice a la persona y se violenten sus derechos, interrumpiendo, entonces, el acceso a provisiones de protección y justicia”, puntualiza el artículo.
El Nuevo Dia
