LAS VEGAS (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos admitió el jueves que una ley de 1929 que tipifica como delito que una persona entre en el país después de haber sido deportada estuvo motivada por el racismo, pero afirmó que las réplicas posteriores la hicieron constitucional, mientras pedía a un tribunal de apelaciones que revocara el histórico fallo de una jueza de Nevada que la anuló.
En una orden emitida en agosto de 2021, la jueza federal de distrito Miranda Du en Reno, Nevada, desestimó un cargo de reingreso ilegal contra el migrante mexicano Gustavo Carrillo López, fundamentada en que la ley conocida como Sección 1326 violó sus derechos constitucionales y es discriminatoria contra los latinos.
El fallo de Du fue el primero de su tipo desde que, hace casi un siglo, el Congreso tipificó como delito el reingreso a Estados Unidos tras la deportación. Supuso una importante victoria para quienes propugnan por una reforma de amplio calado en el sistema de inmigración del país.
Pero el gobierno federal apeló y el jueves por la mañana presentó sus argumentos ante un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en Pasadena, California.
“No creo que un estatuto federal pueda caer porque un juez considere que es discriminatorio”, dijo Scott Meisler, abogado del Departamento de Justicia, en los argumentos que fueron transmitidos en vivo.
Meisler dijo que el gobierno estadounidense es “muy consciente” de la “problemática” intención de la Ley de Extranjeros Indeseables de 1929, que se centró en gran medida en la inmigración procedente de México. Pero reprochó a Du que basara su decisión en esa versión de la ley y no en el estatuto revisado promulgado por el Congreso en 1952, conocido como Ley de Inmigración y Nacionalidad.
La Sección 1326 del código modificado tipifica como delito la entrada en Estados Unidos de cualquier persona a la que se le haya denegado la entrada, o haya sido expulsada o deportada previamente.
“Ese estatuto, tal como fue promulgado en 1952 y enmendado desde entonces, es constitucional bajo los principios de igualdad de protección”, dijo Meisler a los jueces, “y la corte de distrito en este caso es la única en el país que concluye lo contrario.”
En su fallo, Du escribió que la revisión de 1952 no precedió “purgar” las “raíces racistas y nacionalistas” de la ley de 1929, y agregó que las enmiendas a la sección 1326 a lo largo de los años “simplemente han hecho que la disposición sea más punitiva y han ampliado su alcance”.
Erwin Chemerinsky, abogado de Carrillo López, rechazó las afirmaciones del Departamento de Justicia de que el fallo de Du había sido “claramente erróneo”.
Chemerinsky dijo que el tribunal de apelaciones debería ratificar la decisión porque “el estatuto de 1929 fue la base de la nueva promulgación de 1952, y es la base de la ley que existe hoy”.
“Es revelador que el gobierno admitiera que el estatuto de 1929 estaba motivado por una intención discriminatoria”, dijo.
No hay plazo para que el tribunal de apelaciones emita su fallo. Mientras tanto, el destino de un caso que podría tener indicaciones mucho más amplias se mantiene en el aire.
Si se ratifica la decisión de Du, el gobierno ya no podrá procesar a personas por reingreso ilegal en los 10 estados bajo la jurisdicción del Noveno Circuito, incluidos Nevada y California.
Ann García, abogada del Proyecto Nacional de Inmigración, una organización sin fines de lucro, escuchó los argumentos orales.
“La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito la oportunidad de asegurarse de que tiene una ley que se basa en el supremacismo blanco y la xenofobia ya no se utiliza para procesar injustamente a los inmigrantes de color”, dijo García después de la audiencia.
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