CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La detención de un reconocido periodista guatemalteco bajo señalamientos de lavado de dinero desató una serie de reclamos de activistas, políticos, religiosos, empresarios y comunicadores contra las autoridades de Guatemala tras considerarlo un abuso del sistema de justicia contra opositores y críticos del gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
Las autoridades arrestaron la noche del viernes en su casa a José Rubén Zamora Marroquín, director de El Periódico, un medio que ha realizado investigaciones sobre corrupción en la administración de Giammattei. El periodista ha recibido reconocimientos internacionales como el premio Maria Moors Cabot en 1995 y en el Premio Internacional Rey de España en 2021.
“Es un plan orquestado, donde ahora no se persigue a corruptos, sino que a opositores”, expresó Eleonora Muralles, activista y defensora de derechos humanos, que agregó que hay una estrategia para cooptar el sistema de justicia y armar pruebas y casos contra opositores al gobierno de Giammattei.
La Conferencia Episcopal de Guatemala indicó en un comunicado de prensa que lo sucedido con Zamora siembra dudas sobre hasta dónde se sigue contando con un Estado de derecho efectivo en Guatemala.
“Los autoproclamados argumentos de justicia y de imperio de la ley son percibidos por muchos ciudadanos y profesionales del derecho más motivados por un espíritu de venganza que como actos imparciales de la administración de justicia”, afirmó la Conferencia.
Los religiosos también señalaron como responsables de este tipo de acciones a la Fundación Contra el Terrorismo, una organización de activistas de ultraderecha integrada por personas que defienden a militares acusados de crímenes de guerra y acusados de corrupción, quienes presentan denuncias y son atendidas de forma expedita por el Ministerio Público y el Organismo judicial.
La conferencia subrayó que el papel protagónico de la Fundación, en este caso y otros de persecución a operadores de justicia, le da un papel hegemónico que deja en condiciones de precariedad y sometimiento a las organizaciones de justicia.
Durante más de nueve horas, la fiscalía allanó el viernes la vivienda de Zamora Marroquín, a quien la fiscalía acusa de lavado de dinero. Los agentes incautaron dos teléfonos, dijo el periodista a su llegada a los tribunales a la medianoche del viernes.
El taller donde se imprime el matutino también fue allanado y ocho trabajadores fueron retenidos por más de 16 horas, mientras la fiscalía revisaba computadoras y busca documentos en oficinas del periódico. En sus redes sociales, el medio indicó que la fiscalía intentó detener la impresión de su periódico, que finalmente fue publicado.
El Periódico es uno de los medios que más investigaciones anticorrupción ha realizado sobre el gobierno de Giammattei. Entre sus pesquisas están los supuestos sobornos recibidos por el presidente de manos de ciudadanos rusos a cambio de apoyos o la presunta compra fraudulenta de vacunas contra el COVID-19. Giammattei ha negado las acusaciones.
La Conferencia Episcopal de Guatemala indicó en un comunicado de prensa que lo sucedido con Zamora siembra dudas sobre hasta dónde se sigue contando con un Estado de derecho efectivo en Guatemala.
“Los autoproclamados argumentos de justicia y de imperio de la ley son percibidos por muchos ciudadanos y profesionales del derecho más motivados por un espíritu de venganza que como actos imparciales de la administración de justicia”, afirmó la Conferencia.
Los religiosos también señalaron como responsables de este tipo de acciones a la Fundación Contra el Terrorismo, una organización de activistas de ultraderecha integrada por personas que defienden a militares acusados de crímenes de guerra y acusados de corrupción, quienes presentan denuncias y son atendidas de forma expedita por el Ministerio Público y el Organismo judicial.
La conferencia subrayó que el papel protagónico de la Fundación, en este caso y otros de persecución a operadores de justicia, le da un papel hegemónico que deja en condiciones de precariedad y sometimiento a las organizaciones de justicia.
Durante más de nueve horas, la fiscalía allanó el viernes la vivienda de Zamora Marroquín, a quien la fiscalía acusa de lavado de dinero. Los agentes incautaron dos teléfonos, dijo el periodista a su llegada a los tribunales a la medianoche del viernes.
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