CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El ex vicecanciller de Nicaragua Víctor Hugo Tinoco, uno de los líderes de la disidencia sandinista, fue condenado el lunes a 13 años de cárcel por el supuesto delito de “conspiración” imputado a varios opositores presos.
Así lo informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que indicó que Tinoco, un exguerrillero sandinista de 69 años, también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos.
La sentencia le fue leída a Tinoco en una audiencia realizada en el centro penitenciario El Chipote, donde permanece recluido desde el pasado 13 de junio.
El arresto del también exdiplomático se produjo en medio de una ola de capturas de 46 opositores realizadas por la policía durante la campaña electoral que llevó al presidente Daniel Ortega a su tercera reelección para un cuarto mandato consecutivo que inició el 10 de enero pasado.
Tinoco fue vicecanciller durante el primer gobierno sandinista (1979-1990), además de embajador ante Naciones Unidas y el principal negociador con los rebeldes “contras” durante el proceso de paz conocido como Esquipulas II, que llevó al fin de la guerra en Centroamérica con acuerdos firmados en 1987. A partir de 1990 fue diputado ante la Asamblea Nacional en varios períodos.
Coincidiendo con su arresto fueron capturadas sus colegas del disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS, hoy Movimiento UNAMOS) Dora María Téllez, Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil y Suyén Barahona, así como el excomandante guerrillero Hugo Torres, quien falleció en prisión el pasado 12 de febrero.
La esposa de Tinoco, Deyanira Parrales, dijo a The Associated Press que a ella no le permitieron observar la audiencia y que el juez ordenó el decomiso de bienes de su marido que fueron ocupados durante el allanamiento policial en su casa: un pasaporte, dos celulares, una tablet y una computadora laptop.
Junto a los seis líderes de UNAMOS, entre mayo y noviembre de 2021 fueron encarcelados otros 40 opositores, entre ellos siete aspirantes a la Presidencia que habían anunciado su intención de disputarle el poder a Ortega. Según la oposición, 177 “presos políticos” permanecen en las cárceles desde la revuelta social de 2018.
Mientras tanto, en un comunicado conjunto, una coalición de ONG internacionales denominada Colectivo 46/2 denunció “la inacción deliberada del Estado de Nicaragua, que no ha detenido ni reparado las graves violaciones de los derechos humanos que acontecen en el país”, contrario a lo recomendado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Las ONG recomendaron al Consejo de Derechos Humanos tomar “medidas firmes para romper el ciclo de impunidad” y establecer “un mecanismo internacional que investigue las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018, identifique a los autores y preserve las pruebas”.
“Ortega ha dejado claro que no tiene intención de revertir el rumbo. Sin embargo, los autores de graves violaciones de derechos humanos no pueden esconderse para siempre: la ONU debe sembrar las semillas para la futura rendición de cuentas”, comentó por su parte Juan Carlos Arce, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Prensa Asociada
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