Desde hace años, varios sectores, incluyendo legisladores y políticos del Partido Revolucionario Moderno (PRM), plantean la necesidad de eliminar instituciones con duplicidad de funciones en el Estado dominicano.
La disolución de 77 instituciones supondría un ahorro de hasta RD$13,000 millones al año, según Oxfam.
A menos de un mes de que el presidente electo Luis Abinader asuma la dirección del Poder Ejecutivo, en un contexto sombrío por la crisis sanitaria y económica causada por el covid-19, resurge la inquietud de si el nuevo gobierno asumirá este compromiso sustentado en un proyecto de ley que descansa en el Congreso Nacional. De aprobarse, “¿qué pasaría con los miles de empleos que aportan estas instituciones con alegada duplicidad?”
La cantidad de empleos públicos pasó de 300,000 en 2004 a 600,000 en 2018, principalmente por la duplicidad de entidades gubernamentales, de acuerdo a la entonces diputada Faride Raful, senadora electa por el Distrito Nacional del PRM.
Para el coordinador de la cátedra de la carrera de Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Rafael Espinal, durante años la estructura organizacional del Gobierno central se ha ido “deformando” administrativamente hasta convertirse en un esquema ineficiente y costoso.
En 2017, la abogada y legisladora Raful sometió el Proyecto de Ley de Reorganización de la Administración Pública, que busca disolver 58 instituciones, comisiones u otros organismos que tienen asignaciones de fondos por unos RD$12,700 millones. La pieza, que incluye fusionar algunas entidades y definir las funciones específicas de otros organismos, no fue acogida por la mayoría en el Congreso.
La posibilidad de que la pieza sea aprobada durante el próximo Gobierno perremeísta son elevadas, debido a que el PRM ostenta la mayoría absoluta en el Senado y contará, a partir del 16 de agosto, con una “buena representación” en la Cámara de Diputados.
Al respecto, el próximo presidente Luis Abinader subrayó durante su campaña que desde hace cuatro años tienen identificado toda la eficiencia que llevará su Gobierno para reducir el gasto innecesario, “… de instituciones que duplica, triplica y quintuplican acciones del Gobierno, y que no le agregan absolutamente nada a la calidad de vida de los dominicanos”. Así lo aseguró en el programa “La Gran Pregunta”, que conduce la abogada Carolina Santana.
“Este país necesita agregar RD$40,000 millones más al sector Salud para poder implementar la Ley de Seguridad Social, porque este país necesita que el Ministerio de Educación Superior duplique la cantidad de becas que tienen para que no se quede ni un joven con talento para ir a la universidad porque no tiene los recursos”.
Agregó que esos son los aspectos fundamentales por lo que un país debe ocuparse: la seguridad, la salud, la educación. Entonces, nosotros no podemos estarle pagando a vividores políticos porque van y se montan en una patana, porque hacen política, no podemos hacerlo. Ese es el cambio que nosotros brindamos”.
Pero la proyección de una recesión económica superior al -5.3%, mayor que durante la Gran Depresión de 1930, cuando la recesión fue de -5% e incluso que en 1914, durante la Primera Guerra Mundial, cuando la caída fue de 4.9%, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), complican el panorama al “Gobierno del Cambio”
A estos se suma el desempleo masivo en el sector privado dominicano y la pérdida de 473,000 empleos formales, solo en el mes de abril, fruto de la pandemia, según declaraciones del canciller Miguel Vargas Maldonado.
Instituciones con supuesta duplicidad
Entre las instituciones que la legisladora Raful entiende deben ser disueltas por su altos recursos económicos asignados del Presupuesto General del Estado y su poco impacto social, figuran: la Oficina Supervisora de Obras del Estado (Oisoe) y los Comedores Económicos, ya que asegura exceden los RD$2,500 millones cada año y desarrollan funciones semejantes a otras instituciones públicas de mayor jerarquía.
En ese sentido, el Presidente electo anunció en esta semana que a partir del 16 de agosto serían eliminadas la Oisoe, “como parte de la reestructuración y eficientización del Estado” y además, que fusionará el Consejo Nacional del Azúcar (CEA) con la Dirección General de Bienes Nacionales.
“No se venderá un metro más propiedad del Estado a particulares, y las porciones de terreno disponibles se utilizarán en proyectos sociales, producción y de desarrollo económico”, adelantó Abinader este jueves respecto a las funciones del CEA que opera como una inmobiliaria hace varios años. Durante su campaña había advertido que nadie “va a cobrar sin trabajar en el Gobierno”.
Al respecto, el economista del Intec manifiesta que los ministerios de la Juventud y de la Mujer, cuyo presupuesto asignado para este 2020 fue de RD$718.4 millones y RD$808.6 millones, respectivamente, son cargas financieras con “pocas funciones y solo sirven para premios a políticos partidarios”.
Sostiene que el Ministerio de la Presidencia tiene un organigrama con numerosas comisiones y áreas que, a su juicio, pueden reducirse. Señala que la Comisión Barrial, Provincial, Comedores Económicos y Plan Social de la Presidencia son redundantes y se solapan.
Afirma que lo mismo ocurre con el Gabinete de Políticas Sociales, adscrito a la Vicepresidencia de la República, cuya estructura compite con programas propios de ministerios de Salud, Educación y Economía, Planificación y Desarrollo.
Añadió que los directorios de empresas descentralizadas de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) deberían eliminarse. Pese a que para la creación, en 2017, del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) se eliminó unas cinco entidades, para el catedrático Espinal, el Intrat todavía “está lleno de duplicaciones”. “Toda esta carga de gastos fiscales debe ser reestructurada para hacer eficiente la administración presupuestaria y eficaz la ejecución de programas sociales, especialmente”, recalcó Espinal.
En tanto, el estudio “Estructura del Estado dominicano: hacia una renovación pertinente”, realizado en 2017, detalla en el Estado sobran 77 instituciones; de esas hay 34 que son dependencias sectoriales y el resto son consejos o comisiones.
¿Qué tanto afectaría a los trabajadores públicos?
Para el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, Rafael (Pepe) Abreu, la ejecución de esta medida, en el contexto actual, provocaría una gran cantidad de desempleados al sector público, por lo que advierte al “Gobierno del Cambio” a pensar en ello.
“Yo siempre, en mi condición de sindicalista, he visto con recelo ese tipo de medida, no porque sea en el fondo dañina sino porque podría afectar a los empleados: ¿cuál es el destino?, ¿cuál es la certidumbre que pueden tener los empleados de esas instituciones?”, sostuvo Pepe Abreu, al indicar que es partidario de la fusión o adscripción a otra para garantizar la nomina de empleo.
Esto debido a que el sector privado, asegura, no absorbe suficiente empleos y que, producto de las restricciones para evitar la expansión del covid-19, varias empresas han cerrado y cancelado a sus empleados.
Añade que a esta situación no se le puede agregar una alta suma de desempleos públicos, ya que estarían contribuyendo a sentar las bases de la creación de un “gran problema” que es necesario evitar. “Yo llamo a la autoridad, a la gente que aconseja este tipo de medida que, son personas que por lo general tienen garantizado sus puestos, a que piensen bien en ese tipo de sugerencia a un Gobierno que recién se instalará y no debe comenzar su proceso de gobernabilidad sobre la base de fomentar la ‘creación’ de desempleos”, recalcó
