Desde que asumió la administración del país, el 16 de agosto, el presidente Luis Abinader ha sido contundente en su postura de castigar la corrupción, uno de los males que sacó a la gestión morada de poder y que el mandatario tomó como bandera del cambio.
Un escenario que tiene el jefe de Estado es la posible suspensión a 1,700 funcionarios bajo sus órdenes que no depositaron sus declaraciones juradas de patrimonios ante la Cámara de Cuenta, pese a la prórroga de 13 días otorgada, la cual venció el lunes a la medianoche.
Sobre la sanción que les corresponde a los que no declararon sus bienes, el presidente Abinader manifestó el martes: “Todos los ministros declararon, todos los directores generales declararon. Ustedes saben que es un período de 30 días. El que no lo declare va a estar suspendido”.
Estos empleados públicos se quedaron fuera pese a que el 27 de agosto, el gobernante había adelantado que todos deberían declarar sus patrimonios o serían cancelados.
Dentro del universo que debe declarar está, desde el presidente de la República hasta las gobernadoras provinciales y todo aquel que administre fondos públicos.
FUENTE: DIARIO LIBRE